Denuncia constitucional contra exministro de Justicia vuelve a subcomisión
Después de debatir sobre cómo se están elaborando los informes de calificación, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidieron el retorno, a ese grupo de trabajo para una reformulación, de la denuncia contra el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero.
Fue por siete votos en contra, cinco a favor y tres abstenciones que se rechazó el informe técnico que concluía en la improcedencia de la Denuncia Constitucional N.° 359, presentada por el congresista Alexander Lozano Inostroza, por una serie de delitos, entre ellos homicidio culposo, lesiones graves, exposición o abandono peligroso.
También, por omisión de socorro, de auxilio, exposición al peligro de personas dependientes, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Con la votación registrada, la Denuncia Constitucional N.° 359 retornó a la subcomisión para su reformulación, con los aportes de los miembros de ese grupo de trabajo.
La denuncia del parlamentario, que tiene lugar por el caso del tratamiento en los penales en el contexto de la pandemia, también involucra al procurador público de ese portafolio en el momento que Castañeda estaba en el cargo.
El legislador Jim Mamani Barriga (NC) consideró que la declaratoria de improcedencia era producto de un error recurrente de poner demasiadas exigencias, como si se estuviera juzgando el fondo del tema.
A su vez, el congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) planteó y luego retiró una cuestión de orden, para que la votación esté referida a la improcedencia o admisibilidad y no en la recomendación del informe técnico presentado por la comisión.
El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (AP), propuso el debate y la elaboración del informe con los aportes de los congresistas y su votación en la parte final de la sesión.
El congresista Otto Guibovich (AP) consideró que los informes deben ser analizados con antelación y mostrar su decisión con el voto.
JUECES
De otro lado, fue declarado improcedente, por siete votos a favor, seis en contra y una abstención la denuncia por prevaricato presentada por la ciudadana Sonia María Gómez García en contra de los jueces supremos, César San Martin Castro y Víctor Prado Saldarriaga. Lo mismo ocurrió con los jueces supremos provisionales Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas y Zavina Magdalena Chávez Milla.
El congresista Mamani Barriga destacó que la SCAC es la de mayor contenido jurídico que político y que el informe ya había sido evaluado con anterioridad, por lo que se manifestó en contra del informe.
MINISTRO DE CULTURA
La subcomisión también aprobó su improcedencia por nueve votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, la Denuncia Constitucional N.° 398 del ciudadano Manuel Robles Lazo en contra del ministro de Cultura, Alejandro Arturo Neyra Sánchez, por retardo y rehusamiento de actos funcionales.
NO A RECONSIDERACIÓN
Por ocho votos en contra, uno a favor y seis abstenciones, la subcomisión desestimó reconsiderar la votación de la Denuncia Constitucional N.° 247, presentada por el congresista Gino Costa Santolalla (PM) por la existencia, a su entender, de dudas en el cuórum reglamentario del 20 de diciembre pasado.
El informe técnico de la comisión recomendó su improcedencia habida cuenta de que el acta de esa sesión registró “de manera clara e indubitable la asistencia y votación de la congresista María Gallado Becerra (PP)”.
En consecuencia, quedó establecido la continuación del trámite respectivo hacia la Comisión Permanente del informe final de la denuncia seguido contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites.
Finalmente, la congresista María Gallardo Becerra asumió la delegatura de las investigaciones de las denuncias constitucionales N.° 368 y 379, presentadas por la fiscal de la nación, Zoraida Ávila Rivera, contra los excongresistas Virgilio Becerril Rodríguez y Clemente Flores Vílchez, por tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravadas, respectivamente.
El titular de la SCAC citó a los congresistas para este jueves 14 a una sesión extraordinaria a las 10:00 horas para ver la denuncia 371.
