Un tema crítico para las principales ciudades del país es sin duda los altos índices de contaminación, siniestralidad, inseguridad y tráfico que a diario sufrimos los peruanos, aún en época de COVID-19. En este escenario, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) propone que se acelere el programa de chatarreo vehicular aprobado por el gobierno central en el mes de diciembre del año pasado mediante Decreto de Urgencia N° 029-2019.

“El Perú tiene una de las flotas vehiculares más antiguas de la región, con una antigüedad promedio de 13.1 años, la más alta de la región, y un índice de motorización de 10.7 habitantes por vehículo, la más baja de la región, lo que claramente nos indica que nuestro parque automotor es antiguo y escaso” indicó Adrián Revilla, Gerente General de la AAP, tras anotar que reducir la antigüedad del parque automotor peruano es un factor clave para la mejora de la calidad del aire y la reducción de los índices de siniestralidad.

El chatarreo, explica el representante gremial, es un mecanismo que busca reducir el parque vehicular obsoleto y contaminante, y que consiste en la destrucción total de un vehículo a cambio de un bono que otorga el Estado con cargo al erario público o a cualquier otra línea de financiamiento nacional o internacional concertada para el mejoramiento del ambiente, así como a la reducción de la siniestralidad.

En nuestro caso, el Decreto de Urgencia N° 029-2019 dispuso que la implementación de los programas de chatarreo para el año fiscal 2020 se financien con cargo al presupuesto público, hasta por la suma de 80 millones de soles, sin embargo dicho monto no se ha ejecutado porque hasta la fecha no se cuenta con el reglamento correspondiente.

“Vemos con optimismo que cuando menos ya existe un proyecto de reglamento para el fomento del chatarreo, faltando que se apruebe y ponga en vigencia”, afirmó el Gerente General de la AAP quien además señaló que “es muy importante que el gobierno comunique proactivamente el funcionamiento del sistema y sus requisitos para que el incentivo sea efectivo y que por desconocimiento no se desaliente a los propietarios de participar.”

Urgente puesta en vigencia

Este es un tema urgente a poner en marcha, refirió Revilla, tras explicar que el retraso en la implementación del programa chatarreo vehicular contribuye a la reducción de la velocidad de

desplazamiento en Lima y Callao. “Actualmente la velocidad promedio es de 12 km/h y podría pasar a 7.5 km/h hacia el 2025 y a menos de 6 km/h (velocidad de caminata) en el 2028”, añadió.

Del mismo modo, afirmó que las pérdidas económicas en horas-hombre ocasionadas por la congestión del tránsito en la ciudad de Lima, ascendieron a unos 28 mil millones de soles durante el año 2019, cifra equivalente al 4% del PBI del país durante el mismo año.

En la AAP consideramos, dijo el representante gremial, que el país debe contar con un programa bien diseñado, que priorice la salida de las pistas de vehículos obsoletos privados y los de transporte de personas (buses y taxis) y de mercadería (camiones) con más de 15 años de antigüedad.

Si la demora en la puesta en vigencia del reglamento responde a dudas en los criterios técnicos a aplicar, “ponemos a disposición de las autoridades a nuestros especialistas para estimular una implementación más rápida, acorde a las circunstancias que atraviesa el país”, acotó, tras resaltar que los detalles de estas medidas sean adecuadamente comunicados a la ciudadanía, en especial a los propietarios de los vehículos para evitar interpretaciones erróneas o maliciosas.

Por ejemplo, dijo, es vital que los mecanismos para el acceso al bono de chatarreo sean transparentes y expeditos; los propietarios deben poder acceder a ellos sin necesidad de intermediarios. Otro tema sensible, sin duda, es el referido al monto del bono, por eso es fundamental que los criterios que se utilicen para definir el bono sean claros y no se presten a interpretaciones.

Plantas de chatarreo

De otro lado, en la medida que la corrupción es un mal endémico que todos los peruanos debemos combatir, el Gerente General de la AAP señaló que es necesario que el proceso de acreditación para la operación de las plantas de chatarreo, así como la autorización para las entidades certificadoras y para las entidades proveedoras de vehículos deban tener procedimientos rigurosos y adecuados a la realidad. No solo ello, sino que las disposiciones que regulen los impedimentos y las obligaciones que deban cumplir tales entidades tienen que ser claras, solo así se fortalece la credibilidad de los usuarios en el sistema.

Revilla calificó como fundamental la labor de fiscalización por parte de la autoridad. “Es importante que el Estado participe activamente en el control del cumplimiento de las disposiciones que regulan estos mecanismos”, dijo. Así se evitará irregularidades y se podrá ir mejorando el sistema en beneficio de los usuarios.

“Creemos que la mejor política es la transparencia, por ello la relación de las entidades que participan en el proceso de chatarreo vehicular debe ser pública y estar permanentemente actualizada. De igual forma el registro de los vehículos chatarreados. Esa es la mejor manera de fortalecer el sistema”, finalizó el representante gremial.