Gobernadores y alcaldes sentenciados en primera instancia serán suspendidos en sus cargos
Las autoridades regionales y municipales que han sido sentenciadas, en primera instancia, por delitos contra la administración pública serán suspendidas en sus cargos para evitar que se aprovechen de sus puestos y de los recursos del Estado durante el proceso judicial.
Así lo decidió el miércoles 17 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), al aprobar un dictamen por diez votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
Se trata de la iniciativa de autoría del congresista Posemoscrowte Chagua Payano (UPP), que propone la modificación de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
El dictamen consideró que la causal de sentencia de primera instancia no puede aplicarse a todos los delitos dolosos, sino a los que constituyan riesgo o peligro en el manejo del patrimonio del Estado.
El objetivo es establecer la causal de suspensión del cargo de las autoridades regionales y municipales sentenciadas en primera instancia por la comisión de delitos contra la administración pública como cohecho, soborno, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, colusión, peculado, malversación, entre otros. No incorpora el tráfico de influencias.
La propuesta plantea actualizar la terminología de mandato de detención por la de prisión preventiva.
Durante el debate, Chagua Payano señaló que “los corruptos nos gobiernan en diferentes regiones y municipios del país, quienes han sido sentenciados en primera instancia, los mismos que no debieron haber postulado, sin embargo, se les permite que sigan al frente de la administración en distintos puntos del Perú”.
Consideró que debió haberse ampliado el número de delitos como el de concusión, patrimonio ilegal y otros más.
El congresista Luis Roel Alva (AP) dijo que la Contraloría General de la República le hizo llegar una propuesta en el sentido de tomar en cuenta las sanciones de esta institución, siempre que el plazo o sanción impuesta sea mayor o igual que le resta a su mandato.
Empero, la existencia de una propuesta de ley derivada a otras comisiones impidió la incorporación de esta parte en la propuesta.
Modificaciones a carrera fiscal
En otro momento de la sesión, los integrantes de ese grupo de trabajo aprobaron, por mayoría, un proyecto de ley que data del 2018, presentado por el Ministerio Público, que plantea la modificación de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de establecer la prórroga del plazo de caducidad de la medida de apartamiento de los fiscales sometidos a investigación por faltas muy graves.
La propuesta considera que la medida –por su naturaleza cautelar– no constituye una sanción y tiene un plazo de caducidad de seis meses de consentida o ejecutoriada la decisión. Fueron doce a favor uno en contra y una abstención.
Durante la sesión, la congresista María Teresa Cabrera Vega (PP) sustentó sus propuestas, una que propone una ley que regula la Asociación Mutualista Judicial y la que plantea la muerte civil perpetua a funcionarios y servidores públicos que sean condenados con sentencia firme por delitos contra la administración pública.
Lo propio hizo el congresista Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) al sustentar su iniciativa que propone la ley que crea el servicio comunitario para la reparación civil de los reclusos al Estado y a la sociedad, como medida preventiva y disuasiva.
Su colega de bancada Isaías Pineda Santos expuso su proyecto de ley que propone la incorporación de un artículo al Código Penal que tipifica el delito de uso de contaminantes para la producción agrícola.
Más adelante, la legisladora Carolina Lizárraga Houghton (PM) sustentó su propuesta que propone una ley que modifica la Ley N.° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, esto para uniformizar el trámite del recurso de casación que regula el proceso contencioso administrativo, esto para uniformizar el trámite del recurso de casación.
