Más de 200 trabajadores mineros tienen coronavirus en Perú

Lima.- Los trabajadores del Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú fueron los primeros en denunciar ante el Ministerio de Energía y Minas que la trasnacional china Shougang, ubicada en Marcona (Ica), seguía operando con total normalidad, incluso el alcalde del distrito, Elmo Pacheco, con los miembros de la Policía Nacional tuvieron que intervenir durante los primeros días del estado de emergencia, buses repletos de trabajadores que eran trasladados desde la ciudad hacía las instalaciones de la mina, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, familiares y la población de Marcona. Mientras, en las redes sociales circulaban fotos y videos que evidenciaban que en los campamentos, las minas seguían trabajando con todo su personal, a pesar de que el presidente Martín Vizcarra anunciará el 15 de marzo, la drástica decisión de paralizar el país.

Sin embargo, la presión de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), donde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo es uno de sus principales miembros, no se hizo esperar, su presidenta, María Isabel León, señaló públicamente que la actividad minera no podía parar. 48 horas después, el 17 de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, mediante Oficio N° 059-2020/EF/10.01, otorgó conformidad al subsector minero para ser incluido en la relación de actividades exceptuadas durante el estado de emergencia, con ello el Ministerio de Energía y Minas, MINEM, dio luz verde a toda la cadena productiva de este sector: “la actividad minera y otras actividades conexas, que incluye: explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados”.

Días después, el presidente Vizcarra justificó en conferencia de prensa que se permitía a las mineras seguir en actividad, porque se encuentran alejadas y en permanente confinamiento. “Una afirmación alejada de la realidad, pues hay empresas mineras donde sus trabajadores entran y salen de la mina todos los días, como es el caso de los trabajadores de la mina Shougang”, señala Julio Ortiz, Secretario General del Sindicato de Obreros de Shougang. Añade que hay trabajadores mineros que tienen entre 50 a 60 años, sector con alto potencial de riesgo ante el COVID-19.

CASOS POSITIVOS DE COVID-19

El primer caso de COVID-19 en el sector se registró en Cerro Verde (Arequipa) el 25 de marzo, al día siguiente se confirmaría otro caso de coronavirus en Tinka Resources y Buenaventura (Pasco). El tercer caso se presentó el 31 de marzo, un trabajador de Antamina (Ancash) dio positivo, hecho que puso en alerta a todo el personal de la mina; a casi un mes de este hecho se confirma por fuentes del Ministerio de Salud que actualmente la mina tiene 200 casos confirmados con coronavirus.

El 16 de abril, en Marcona (Ica) los trabajadores de la minera Marcobre han denunciado que hay dos casos de COVID-19 en la mina. Desde el campamento se evacuó a dos personas. Existen videos del momento donde el personal abandonaba el campamento minero y se puede observar que el personal médico está con la indumentaria de protección según indica el protocolo de COVID-19. De acuerdo a nuestras fuentes, estos trabajadores presentaban la sintomatología de ser portadores de COVID-19″, sostiene César Román, periodista de Nasca. Aunque la empresa un día antes

informaba a la opinión pública mediante un comunicado que: “un médico de la mina estaba verificando las condiciones de salud de un grupo de trabajadores que habían cumplido con el aislamiento social en las unidades mineras”. Después de la denuncia, la empresa no ha emitido ningún comunicado para desmentir o confirmar los hechos.

Según la Red Muqui, el 19 de abril un trabajador minero de una empresa contratista de Nexa Resources (Pasco) dio positivo a una prueba rápida.

El último reporte de personal minero infectado con el coronavirus lo dio a conocer la empresa minera Aluminum Corp of China, conocida como Chinalco (Junín). El 23 de

abril un comunicado de la gerencia general de la mina alertó al personal que un trabajador que se encontraba en el campamento de Tuctu dio positivo, “se decidió evacuarlo inmediatamente a la clínica Ricardo Palma en Lima”, señala el comunicado. Ese mismo día, el Secretario General del Sindicato Unificado de Minera Chinalco Perú, Luis López, solicitó una inspección de la Sunafil y del Ministerio Público, por posible propagación del virus en alta escala.

El Sindicato viene monitoreando los casos de COVID-19, y hasta el día de ayer tenían 33 casos. “Hay 14 personas que han dado positivo y que han tenido contacto con otros trabajadores, nosotros tenemos el temor de un brote más alto, porque en la unidad minera hay entre 700 a 800 trabajadores, la mina está operando con normalidad. Se ha debido tomar medidas más altas de seguridad con los trabajadores que iban a subir a la mina, ahora los trabajadores que estaban en estado de confinamiento están en situación de riesgo. La empresa está atentando contra la vida y la salud de los trabajadores y lamentablemente no está habiendo transparencia con los resultados de las pruebas que ha realizado la clínica Natclar”, denuncia López.

El Sindicato además ha denunciado que hay 100 trabajadores que tras 40 días de trabajo están sin poder salir de la mina. “Son trabajadores que vienen de otras regiones, la empresa no les tramitó el pase de salida, ni les puso movilidad para que retornen a sus ciudades. Desde el pasado lunes los representantes de la empresa no contestan el teléfono a los trabajadores, este personal está expuesto a infectarse”, añade el dirigente.

Un hecho que preocupa a los trabajadores de Chinalco es que el 50% del personal de la empresa Sodexo, quienes se encargan de la limpieza, han renunciado, por lo que no hay control sanitario, no se está haciendo limpieza de los módulos, los baños y las duchas, es decir la empresa minera no está garantizando salubridad a sus trabajadores.

Esta denuncia ya está siendo investigada por las autoridades locales de Junín, el día
de ayer representantes de Sunafil de Huancayo, del Ministerio Público, de la Fiscalía y de la Policía de La Oroya, hicieron una inspección en las instalaciones de la mina.

López sostiene que la mina actualmente está trabajando con su producción completa, “Chinalco está produciendo diariamente 117 toneladas de material minado (concentrado de cobre), pese a que el gobierno señaló que solo seguirían las actividades de operaciones críticas”, finaliza.

CASO ANTAMINA

De acuerdo al portal web de la empresa Antamina, la mina había adoptado medidas de prevención, control y respuesta oportuna, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en todas sus instalaciones, sin embargo la Defensoría del Pueblo contradice estas afirmaciones en un oficio que mandó al Ministerio de Energía y Minas.

En el oficio de Defensorial N° 124-2020-DP/AMASPPI (8 de abril del 2020) dirigida al Viceministro de Minas Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti Barrantes, se alerta sobre diversos casos, entre ellos la mina Antamina: “el campamento minero Yanacancha de la Compañía Minera Antamina S.A, no estaría cumpliendo con el aislamiento correspondiente, debido a que 1,500 trabajadores estarían compartiendo el comedor sin kit de bioseguridad, así como se estaría movilizando al personal (salida e ingreso) a las 3:00 am; así como se tuvo conocimiento que algunos trabajadores han manifestado su deseo de salir del campamento minero ante el riesgo de contagio de coronavirus”.

En el documento se señala que el Sindicato de Trabajadores denunció ante la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) y el MINEM que en circunstancias de la pandemia seguían trabajando con normalidad, y que incluso la Municipalidad Distrital de San Marcos interpuso una denuncia a los representantes de la mina ante la Fiscalía de Prevención del Delito. Esta situación ha sido reportada por la Defensoría a la Intendente de Sunafil, Nora Huerta, quien informó que no contaba con supervisores para ir al campamento minero, en dicho oficio se cita a Huerta: “Aun cuando pudieran ir a supervisar el citado campamento minero, lo único que podrían realizar sería una visita. En caso de que se impidiera el acceso, la intervención se limitaría a levantar un acta dejando constancia del hecho, y se aplicaría una multa, de ser el caso”.

Este hecho pone en total evidencia que las empresas mineras son intocables, y que están por encima de las leyes peruanas. Para la Defensoría las declaraciones de Huerta son preocupantes, ya que (Sunafil) es el ente encargado de velar que los titulares mineros cumplan con las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo relacionadas con los derechos laborales. A solo dos semanas de esta comunicación se confirma que la mina ha puesto en riesgo la salud de 1,500 personas (trabajadores directos y contrata) que se encontraban haciendo trabajo de campo. Según el comunicado de la minera del 23 de abril, la empresa logró evacuar a todos sus “colaboradores”, y que los casos que dieron positivos se encuentran en diversos hoteles y hospedajes en Lima.

Antamina, controlada por BHP Billiton y Glencore, es una de los mayores productoras de concentrado de cobre y zinc en Perú, y es hasta hoy la empresa minera con mayor número de trabajadores con coronavirus en el país. Un funcionario del Ministerio de Salud nos afirmó off the record que un total de 200 trabajadores han arrojado positivo. Aunque otras fuentes desde palacio de gobierno nos hablan de un 40% de infectados. Si en la mina había un total de 1,500 trabajadores como lo afirmó la mina, estaríamos hablando de 600 portadores de COVID-19. “No se están contabilizando los casos asintomáticos, es por eso que se está hablando solo de 200 casos”, nos dice vía telefónica nuestra fuente que prefiere mantenerse en anonimato.

Cabe señalar que la empresa BHP develó que la producción de cobre en el primer trimestre de 2020 ha sido de 33,000 toneladas, mientras la producción de zinc en ese mismo periodo ha sido de 31,000 toneladas (BHP Operational Review). Es decir que pese a la pandemia y a la exposición de sus trabajadores, las cifras de producción de la compañía se han mantenido en verde. Aunque el siguiente trimestre le pasará la factura, porque la mina acaba de anunciar que va a ampliar la suspensión temporal de sus actividades debido al incremento de casos en la minera.

Según el diario Exitosa, este caso está siendo investigado por el fiscal Johnny Rosales Huayta, quien habría iniciado una investigación preliminar –por un plazo de 60 días- contra la mina Antamina, por los presuntos delitos de violación de medidas sanitarias, desobediencia y resistencia a la autoridad.

MINERAS: FOCO INFECCIOSO DE CORONAVIRUS

“La minería tiene miles de trabajadores. Su régimen laboral hace que los trabajadores tengan que ir del campamento a la ciudad, ida y vuelta todo el tiempo. El transporte terrestre minero es permanente, esto significa un alto riesgo de transmisión del virus. Además, las unidades mineras se ubican en zonas donde hay población indígena, que es la más vulnerable”, afirma Ana Leyva, responsable del Programas de Derechos Colectivos y Gestión del Territorio de la Ong CooperAcción.

Así, el sector minero en el país está poniendo en riesgo la salud pública y no está garantizando la integridad física de los trabajadores, ni de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos mineros, que en muchos casos son poblaciones vulnerables, debido a la contaminación y altos niveles de anemia, y que además están en situación de pobreza, no tienen servicios básicos. Por ejemplo, no cuentan con infraestructura sanitaria para enfrentar este tipo de emergencias.

Es preciso recalcar que un mes después de la declaratoria de emergencia (15 de abril), el MINEM recién aprobó el protocolo para que se implementen las medidas de prevención y respuesta ante la pandemia durante las acciones del traslado del personal de las unidades mineras y de producción. Para Leyva el protocolo no es suficiente para evitar la expansión de la pandemia, “el protocolo, entre otras cosas, no exige a las empresas realizar pruebas de descarte y depende de la voluntad y el control de las mineras”.

Frente a los riesgos de expansión de la pandemia en zonas extractivas, la Defensoría del Pueblo presentó algunas recomendaciones al MINEM, como precisar las actividades estrictamente esenciales u operaciones críticas del subsector minero durante el estado de emergencia. Además de restringir el transporte de minerales (flujo de entrada y salida de camiones) por el riesgo que ello podría generar a la salud, tanto de las personas dentro de la unidad minera, como de las poblaciones aledañas.

¿Quién supervisa y fiscaliza a las empresas mineras en el contexto COVID-19? ¿Las empresas mineras están asumiendo los altos costos de las pruebas y atención médica que requieren sus trabajadores infectados con coronavirus? ¿Las pruebas que están realizando algunas empresas mineras por medio de clínicas, tienen certificación o licencias para poder procesar pruebas de descarte de COVID-19?

Así como el Estado ha liberado al sector minero para que siga operando en plena pandemia, el Presidente de la República y los ministros de los sectores involucrados (MINEM, Trabajo y Salud) deberían dejar el hermetismo y transparentar la información a la población sobre el número de trabajadores mineros con coronavirus en el país; transparencia que debiera asumir también las empresas mineras, la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería.