Ministerio Público solicitó a Municipalidad de Lima acciones sobre desecho de aceite de restaurantes

A fin de proteger el medio ambiente, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima, solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima que informe sobre las acciones de control y monitoreo del aceite usado-quemado, producido diariamente en restaurantes, y vertido a cañerías, llegando a los ríos y al mar.

El pedido, formulado por la fiscal  provincial titular María Luisa del Rocío Rodríguez Fernández, se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines de la Dirección General de Salud Ambiental, que otorga a las municipalidades competencia regulatoria y/o normativa, de gestión, de supervisión, de fiscalización y de sanción en el ámbito de su jurisdicción; para efectos de realizar un adecuado manejo de los residuos municipales a su cargo, entre  los cuales se encuentra prevista la obligación municipal del recojo del aceite usado.

Asimismo, se ha considerado formular recomendaciones de urgente atención y necesaria evaluación, como establecer el requisito de diseño de un protocolo o plan de gestión de residuos para el otorgamiento de licencia de funcionamiento de los restaurantes y similares, incluir el rubro de contar con el protocolo o plan de gestión de residuos en la ficha técnica municipal de inspección sanitaria, y la implementación de un servicio de recojo de aceites usados-quemados; además de  establecer convenios con empresas especializadas.

La decisión fue adoptada tras advertirse en una publicación periodística que en el 2017, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se registró 50 000 restaurantes formales en Lima, que producirían diariamente altas cantidades de galones de aceite usado-quemado, carentes de un plan o protocolo para darle destino al residuo que daña el sistema de tuberías de la ciudad, pues es vertido a las cañerías y desagües, generando especial impacto contaminante.

Estas recomendaciones se orientan a contribuir a la implementación de una gestión municipal responsable con el medio ambiente y sus recursos naturales, lo que beneficiará a la población en general, precisó la fiscal provincial Rodríguez Fernández, quien tiene a su cargo el caso, junto con su equipo de trabajo conformado por el fiscal adjunto titular, César Mendoza Valdivieso, y el asistente en función fiscal, Roberto Artíca Castillo.

Cabe precisar que esta acción se enmarca en el ámbito de protección de los intereses difusos, específicamente, en la protección del medio ambiente y la salud pública.