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Municipios deben fortalecer fiscalización en mercados para prevenir una segunda ola

Luego de concluir una supervisión nacional, la Defensoría del Pueblo alertó que los gobiernos locales deben intensificar las labores de fiscalización en los mercados de abastos y sus inmediaciones, ante el aumento de aglomeraciones en dichos lugares debido a la proximidad de las fiestas de fin de año, y teniendo en cuenta que el incumplimiento de medidas de bioseguridad en dichos espacios urbanos podría convertirlos – nuevamente– en uno de los principales focos de contagio durante una segunda ola de la pandemia.

Según información recogida por la institución del 9 al 23 de noviembre del 2020, tras visitar 387 mercados de abastos en todo el país, pese a las medidas dictadas por el Gobierno, en cerca del 25 % de los mercados visitados, los comerciantes y compradores no utilizan adecuadamente las mascarillas, situación que aumenta significativamente el riesgo de contagio del COVID-19, y cuyo monitoreo constituye una de las funciones del Comité de Autocontrol Sanitario de cada establecimiento.

Asimismo, se detectó que en el 41 % de los mercados no se efectúa la toma de temperatura al ingreso de estos establecimientos; y, en casi el 40 % tampoco se apreció personal de control de distanciamiento. Otro aspecto preocupante es que en el 56 % de mercados existe comercio ambulatorio afuera de sus instalaciones, lo que aumenta los problemas de aglomeración y no permite un adecuado control de las medidas sanitarias.

Ante este evidente relajamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias básicas, la institución recordó que, en mayo de 2020, se aprobaron los Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abastos y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, a fin de reducir la aglomeración de personas y mitigar la propagación del coronavirus, a través de la implementación de protocolos de salubridad, siendo responsabilidad de los gobiernos locales cautelar su adecuada implementación, así como aprobar los Planes de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de los centros de abastos de su jurisdicción.

Pese a ello, y habiendo transcurrido seis meses desde el vencimiento del plazo para la aprobación y remisión de los referidos planes, según información proporcionada por el Ministerio de la Producción, a septiembre de 2020, solo 27 de 196 municipalidades provinciales y apenas 42 de las 1655 municipalidades distritales cumplieron con esta obligación. Como resultado de este incumplimiento, más del 86 % de mercados de abastos listados en el Censo Nacional no contaría con un Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobado y remitido al Ministerio de la Producción.

Ante los graves incumplimientos detectados, la Defensoría del Pueblo advirtió a los gobiernos locales la urgencia de avanzar en la transformación de los mercados a fin de garantizar que sean espacios seguros para comerciantes y consumidores. Asimismo, invocó a los comerciantes y compradores a no descuidar las medidas de prevención, como el distanciamiento social, lavado o desinfección constante de manos y uso adecuado de elementos de protección, como las mascarillas.

Finalmente, cabe recordar que, en abril del presente año, la Defensoría del Pueblo a través del Informe de Adjuntía N° 01-2020-DP/AMASPPI.MA: “Condiciones de salubridad en mercados de abastos, supermercados y bodegas para prevenir la enfermedad del COVID-19” advirtió la importancia de descongestionar y reorganizar los centros de abastos para disminuir los contagios.

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