Protección Ambiental debe ser factor crucial en medidas que dicten Ejecutivo y Legislativo
Al conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo recuerda al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo el deber que tienen de aprobar leyes o decretos que previamente cuenten con los argumentos técnicos y legales que los acrediten como los más adecuados y sostenibles para el ambiente y el bienestar de la población, en su vínculo con el entorno que la rodea.
De acuerdo a información recogida por la Defensoría del Pueblo, en el Perú se deforestan anualmente cerca de 156 000 hectáreas de bosques, que equivalen al área de más de 200 000 estadios, como producto de la tala y minería legal, los cultivos ilícitos de coca y de otros cultivos sin certificación ambiental, así como actividades agropecuarias en tierras forestales.
A esta crítica situación debe añadirse que el Congreso de la República viene aprobando leyes que buscan promover la construcción de carreteras que atraviesan bosques amazónicos sin una evaluación integral de su viabilidad y de respeto a los derechos humanos que, además de incrementar el riesgo de deforestación y las amenazas a la integridad de los pueblos indígenas, podrían beneficiar a la minería ilegal y el narcotráfico. Ejemplos recientes son los proyectos de ley aprobados en las últimas semanas que plantean construir las vías Pucallpa – Cruzeiro Do Sul y Bolognesi – Puerto Breu, esta última como parte del tramo de la Interoceánica Centro.
Asimismo, el mar peruano es amenazado por toneladas de plástico que cada año terminan en los litorales como parte de los residuos que generan las ciudades y la actividad industrial. Desde la Defensoría del Pueblo se impulsó la aprobación de la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, que produjo una reducción del 30 % en la producción de plástico y un descenso de mil millones de unidades de bolsas plásticas en el primer año de vigencia.
Sin embargo, la Comisión de Salud y Población del Congreso aprobó un dictamen que plantea exceptuar los alcances de la norma durante la pandemia, a fin de permitir el uso de las bolsas de plástico y envases descartables como medida sanitaria pese a que el Ministerio de Salud señaló que esta medida carece de justificación sanitaria.
De otro lado, si bien el Ejecutivo acaba de crear la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, la cual contribuiría con la conservación del 8 % de nuestra superficie marina, la Defensoría del Pueblo recuerda que desde hace más de seis años continúa pendiente la creación de la Reserva Nacional Mar Pacífico Tropical, pese a ser un espacio que alberga al 75 % de las especies marinas del mar peruano y el 60 % de los recursos hidrobiológicos que consume la población de nuestro país. Desde la Defensoría del Pueblo nos mantendremos vigilantes en la efectiva protección de estas zonas.
Ante ello, nuestra institución invoca y recuerda a ambos poderes estatales que la promoción del crecimiento económico debe realizarse considerando alternativas compatibles con el desarrollo sostenible y la garantía de los derechos humanos.
