Comisión de Defensa del Consumidor alerta sobre reducción de fiscalización de Osinergmin

Durante su octava sesión ordinaria, la Comisión de Defensa del Consumidor, bajo la presidencia del congresista Manuel García Correa, abordó dos temas cruciales: la preocupante disminución de las metas de fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para el 2025 y la aprobación por mayoría del predictamen del Proyecto de Ley 8664/2024-CR, que devuelve a la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (SUNASS) competencias clave para garantizar la calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable y saneamiento.

El presidente de Osinergmin, Omar Franco Chambergo Rodríguez, reveló que las metas de fiscalización para hidrocarburos y electricidad serán significativamente menores en el 2025 debido a una reducción en el presupuesto asignado. Según los datos presentados, la supervisión en hidrocarburos pasará de 146,608 acciones en el 2024 a 134,651 en el 2025, mientras que la fiscalización en electricidad disminuirá de 224,611 a 185,245 acciones en el mismo periodo. Esta situación genera inquietud, ya que podría afectar la calidad y seguridad de servicios esenciales para millones de ciudadanos.

Por otro lado, la comisión aprobó por mayoría el predictamen del Proyecto de Ley 8664/2024-CR, que busca corregir las inequidades generadas por la reforma al Decreto Legislativo 1280, que debilitó la autonomía técnica de Sunass al retirarle competencias fundamentales, como la aprobación de estructuras tarifarias y la exigencia de metas de gestión. Esta situación limitó la capacidad del regulador para garantizar tarifas justas y la sostenibilidad del servicio.

Con la aprobación de este dictamen, la comisión le devuelve a Sunass sus facultades técnicas, asegurando que pueda implementar tarifas equitativas, establecer metas claras y supervisar eficientemente la calidad del servicio, beneficiando directamente a los sectores más vulnerables del país.

“Estamos corrigiendo una situación que generó graves desigualdades tarifarias y afectó la capacidad de Sunass para cumplir con su misión. Con este dictamen, fortalecemos su rol para garantizar un acceso justo y sostenible al agua potable y saneamiento,” destacó el congresista García Correa.

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