En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encabezó la séptima sesión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, en la que se analizaron las acciones a tomar ante los posibles riesgos electorales que pudieran producirse en los próximos comicios.
La sesión, en la que participaron también los representantes de las instituciones públicas que integran esta comisión, estuvo presidida por la gerente general, Gina Salazar Lozano y la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, quienes destacaron la necesidad de dar prioridad, durante el proceso electoral en curso, a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bajo esa perspectiva, Fernán Zegarra propuso incluir en la agenda de trabajo acciones que promuevan la participación política de las mujeres libre de violencia, y precisó que el acoso político es un “riesgo electoral” en la medida que menoscaba el derecho al sufragio de esta importante población.
Asimismo, se mencionó la necesidad de implementar acciones para el uso ordenado de espacios públicos durante el desarrollo y cierre de campañas electorales; además de tomar debida atención a las contramanifestaciones que pudieran desarrollarse respecto de una candidatura.
Durante la reunión también se expresó la importancia de identificar a tiempo los locales de votación y vías de comunicación que podrían ser afectados por las lluvias u otros eventos climatológicos.
Se planteó, además, la necesidad de poner énfasis en talleres de capacitación sobre el uso de la cédula electoral, toda vez que sus grandes dimensiones y densa información podrían generar confusiones en el elector y demoras durante el acto de sufragio.
En la reunión de trabajo participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Ministerio Público.
Igualmente, representantes de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), así como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Todos ellos firmaron el acta de reunión, comprometiéndose a promover el desarrollo de un proceso electoral pacífico, seguro, inclusivo y conforme a los principios democráticos y al orden constitucional.
