Coordinadora Nacional de Derechos Humanos propone medidas que resguarden la vida y salud de reos y del personal del INPE

Lima.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, plataforma que agrupa a 82 organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, se pronunció con carácter de urgencia frente a la grave situación de vulnerabilidad de las Personas Privadas de Libertad (PPL), así como de las y los trabajadores del sistema penitenciario, a causa del CODVID 19. Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos ayer 27 de abril en los penales de Huancayo, Ica, Chiclayo y “Miguel Castro Castro” en Lima, con un saldo, según cifras oficiales de 3 muertos.

La CNDDHH mediante el pronunciamiento hace un llamado a las autoridades competentes y a la opinión pública sobre las condiciones de hacinamiento y afectación a la salud que agravan la vulnerabilidad de las PPL al riesgo de contraer el COVID 19, esto se refleja en la sobrepoblación de los penales cuya capacidad ha sido rebasada desde hace varios años, esta crisis acumulada e irresuelta es hoy una bomba de tiempo. Según datos del INPE la población en los penales es de 95, 548 internos, teniendo una capacidad de albergue solo para 40, 137.

Las pruebas rápidas fueron aplicadas a 1,107 internos, el resultado de positivos es de 609 casos, esto revela que más del 50% de los internos a los que se les aplicó la prueba rápida han contraído el COVID 19 en los penales. A este critico escenario se suma la falta de información e incertidumbre frente al COVID-19 generan malestar en las PPL, sus familias y las y los trabajadores penitenciarios. El pronunciamiento recuerda que el Estado peruano es responsable de garantizar la integridad, la salud y la vida de quienes se encuentran bajo su custodia, y su omisión le genera responsabilidad internacional.

Finalmente, mediante el pronunciamiento la CNDDHH propone medidas inmediatas para resguardar la vida y la salud de las PPL:

• Adoptar medidas urgentes para reducir el número de PPL, incluyendo la variación de las medidas de detención preventiva, la conversión de la pena privativa de libertad para personas que han cumplido la mayor parte de su condena y para internos de baja peligrosidad social como los deudores alimentarios, el otorgamiento de gracias presidenciales, y el retorno de presos extranjeros a sus países de origen, priorizando a las PPL que se encuentran internados en los centros penitenciarios con mayor hacinamiento y cuentan con condiciones previas que los hacen más vulnerables.

• Deben realizarse pruebas rápidas a los trabajadores penitenciarios, y garantizar los implementos de bioseguridad para el desarrollo de su labor.

• El INPE debe establecer canales de comunicación que permitan el contacto de las PPL con sus familiares e instituciones de soporte. Se debe fomentar la participación de las PPL en el diseño e implementación de las medidas de contención dentro de los penales.

• Fortalecer el acceso a servicios de salud y mejorar la infraestructura de saneamiento dentro de los penales, así como el acceso a una alimentación adecuada. Deben diseñarse protocolos para el aislamiento de casos dentro de los penales, el tratamiento de las personas afectadas y el retiro de los cuerpos en caso de fallecimiento.