Debe activarse instancia de Concertación para erradicar violencia contra la mujer
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash expresó su preocupación ante la inactividad de la Instancia Regional de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, cuyos miembros juramentaron hace más de un año y medio y aún no han vuelto a ser convocados. Por ello, se ha requerido al Gobierno Regional activar esta instancia con el fin de impulsar acciones conjuntas para afrontar el crecimiento de casos de violencia en la región.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año, se han perpetrado dos feminicidios en Áncash, los cuales se produjeron en plena pandemia en las provincias de Chimbote y Mariscal Luzuriaga. De otro lado, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y setiembre de 2020, se han registrado 2584 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en esta región.
Pese a ello, desde la creación de la Instancia Regional de Concertación de Áncash, el ente regional no ha cumplido hasta el momento con convocar a sus integrantes, quienes juramentaron el 23 de abril del 2019, es decir hace más de un año y medio. Por ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región solicitó al Gobierno Regional realizar la convocatoria inmediata a una primera sesión virtual, en la que se puedan adoptar políticas eficientes dirigidas a frenar el avance de la violencia.
En el documento dirigido a la entidad regional y suscrito por la representante de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez, se solicitó también que una de las primeras acciones sea el desarrollo de un plan de trabajo con acciones estratégicas para la erradicación de la violencia.
“Expresamos nuestra preocupación institucional porque nuestra región, si bien cuenta con esta instancia, no sesiona desde su instalación y tampoco ha elaborado su reglamento interno, documento importante para el cumplimiento de las funciones establecidas en la norma”, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo.
Es importante precisar que la Instancia Regional de Concertación forma parte de las medidas adoptadas en la Ley 30364 o Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es presida por el gobierno regional e integrada por instituciones como la Corte Superior de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, MIMP y Defensoría del Pueblo, junto a representantes de la sociedad civil. Su función primordial es implementar y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres e integrantes de los grupos familiares en la región.
