Defensores de los derechos humanos demandaron el cese de la criminalización y garantías para ejercer sus derechos
Lima. – En una reunión con el Relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, personas defensoras plantearon la situación de criminalización y amenazas que sufren en el país por ejercer su derecho a la libertad de expresión al denunciar públicamente abusos y diversas violaciones a los derechos humanos que se comenten por parte de grupos de extrema derecha y grupos de poder diversos. Además, se denunció la violencia y los discursos de odio que estigmatizan las luchas sociales y la defensa de derechos humanos, por parte de grupos extremistas violentos como La Resistencia y los Patriotas, entre otros; hoy investigados por el delito de crimen organizado.
Entre las y los asistentes, están las mujeres que luchan por espacios educativos seguros y libres de violencia sexual y, las que conducen bibliotecas populares, los defensores de los territorios indígenas. Además, estuvieron los periodistas, como Paola Ugaz y Daniel Yovera, quienes vienen sufriendo judicialización por empresas y personajes vinculados al Sodalicio. Estuvieron con ellos, el señor Marcelino Ynga, comunero de la Catacaos, quien denunció la persecución judicial de empresas vinculadas también al Sodalicio.
Además, estuvieron presentes las sindicalistas de la agroindustria que luchan por un trabajo decente y los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que murieron en la protesta social, cuando ejercían su derecho a la libertad de expresión y reunión el 14N, quienes denunciaron que no se ha implementado la prometida reforma policial para garantizar el derecho a la protesta social, reconocida a nivel interamericano como una de las formas de libertad de expresión.
Esperamos que la CIDH contemple en su informe, recomendaciones al Estado que permitan proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en nuestro país. En especial, a las que ejercen y defienden su derecho a realizar denuncias públicas sobre abusos y violaciones a los derechos humanos.
