Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Justicia a adoptar acciones urgentes contra sobrepoblación en centro juveniles
Lima.- Mediante oficio N° 095- 2020, el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez Camacho formuló al Ministro de Justicia y Derechos Humanos un conjunto de recomendaciones para reducir la actual sobrepoblación de adolescentes infractores privados de libertad.
La necesidad de estas medidas fue advertida por la Defensoría del Pueblo en su Informe Especial N°3 sobre la “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria”, publicado a inicios de abril.
Debe tenerse presente que, a la fecha, existen 2100 adolescentes infractores privados de libertad, pero los centros sólo pueden albergar a 1665. Por ello, es imprescindible adoptar acciones urgentes para reducir estas cifras, su vida, salud e integridad corre riesgo en el marco de la pandemia del COVID-19.
El llamado a reducir el número de adolescentes infractores encuentra base en lo señalado por nuestra Constitución y también por lo expresado por altos funcionarios de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, como la Alta Comisionada Michelle Bachelet, la directora ejecutiva de Unicef y también lo subrayado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las medidas propuestas, se destaca la necesidad de impulsar, en coordinación con el Ministerio Público, el uso de la remisión. También podría encargarse a la Defensa Pública solicitar variaciones de internamiento preventivo y verificar si se ha cumplido el plazo máximo de internamiento.
Consideramos apropiado evaluar la posibilidad de regular la concesión de indultos adolescentes infractores interpretando las facultades constitucionales que tiene el Presidente de la Republica, en concordancia con el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, entre otras.
En consonancia con las medidas propuestas, a los adolescentes eventualmente liberados, se les debe realizar un seguimiento continuo que garantice su acceso a la atención médica que requieran.
Cabe señalar que estas recomendaciones se formulan conforme al rol de colaborador crítico del Estado que desarrolla la Defensoría del Pueblo en favor de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y, especialmente, en su rol de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.
