Defensoría del Pueblo ocupa el puesto 13 en el cumplimiento de la ley de transparencia
La Defensoría del Pueblo se posicionó dentro del grupo de 32 instituciones públicas de todo el país que cumplió con poner a disposición de la ciudadanía el 100 % de la información relacionada al desempeño de sus funciones, organización interna y manejo de recursos públicos, a lo largo del 2019 y primer semestre del 2020.
De acuerdo al último reporte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip), que recoge los resultados de la supervisión efectuada en dicho periodo a los Portales de Transparencia Estándar de 300 entidades de la administración pública, la Defensoría del Pueblo se ubica en el puesto 13 del grupo de organismos que cumplió la Ley 27806 o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La lista es encabezada por el Gobierno Regional de La Libertad y finaliza con la Universidad Nacional del Altiplano.
La supervisión a cargo de la Antaip, entidad que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), abarcó aspectos como la publicación de las direcciones de la sede central y oficinas en todo el país, con sus respectivos mapas de geolocalización. Asimismo, del directorio de las y los principales funcionarias/os, con sus teléfonos y correos electrónicos institucionales.
Otros aspectos contenidos en la supervisión fueron la publicación oportuna de las resoluciones adoptadas por la entidad y de las declaraciones juradas de ingresos de sus principales funcionarias y funcionarios. Además, se verificó el cumplimiento en la publicación de la información presupuestal y sobre remuneraciones, así como la referida a la contratación de bienes y servicios y actividades oficiales.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo es una institución comprometida con el derecho fundamental de acceso a la información pública. En ese sentido, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la institución ha venido desarrollando esta tarea con normalidad pese a las dificultades que representó la pandemia por el nuevo coronavirus. Esta labor llevó a que, a mediados de 2020, fuera reconocida por el MINJUSDH como una de las instituciones que implementó buenas prácticas dirigidas a facilitar el acceso de la población a la información pública.
De otro lado, a lo largo de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo también ha demandado transparencia a distintas entidades encargadas de adquirir bienes dirigidos a sectores vulnerables. Ello llevó a que, en septiembre, se instara a ministerios, gobiernos regionales y locales, así como a los diversos organismos autónomos del país, a fortalecer esfuerzos para seguir impulsando una cultura de la transparencia. Además, en diciembre se publicó los resultados de la supervisión a los portales de transparencia de cinco instituciones encargadas de proteger a la población vulnerable durante la emergencia por el COVID-19, en la que se advirtió la falta de publicación de los planes de acción frente a la pandemia.
