Defensoría del Pueblo pide reflexionar sobre hábitos de consumo y de convivencia con el entorno
Lima.- En el Día Internacional de la Tierra, la Defensoría del Pueblo recuerda al Ministerio del Ambiente (Minam), sus diversas dependencias y órganos adscritos, así como a los gobiernos regionales y a las instituciones que persiguen los delitos ambientales, como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, el rol fundamental que cumplen en la lucha contra el tráfico ilegal de la vida silvestre y la contaminación ambiental, por lo que, aún en emergencia nacional, deben adoptar medidas urgentes, especialmente de cara al futuro.
El COVID-19 se habría originado en un mercado dedicado al comercio ilegal de especies silvestres en la ciudad de Wuhan, convirtiéndose en una amenaza para la salud pública por sus niveles alarmantes de propagación y gravedad. Con cerca de 2.5 millones de contagiados y 177 mil fallecidos, el virus ha paralizado la economía mundial, obligándonos a reflexionar sobre el impacto de nuestros hábitos de consumo en la salud de los ecosistemas de nuestro planeta.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada 4 meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los seres humanos. El 75 % se encuentra relacionada con la afectación de los ecosistemas.
En el Perú, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), unas 318 especies de fauna silvestre se ven amenazadas por el comercio ilegal y 86 de ellas están en alguna categoría de vulnerabilidad o riesgo de extinción.
A pesar que en nuestro país dicha actividad ilegal es castigada hasta con 5 años de cárcel y 5 mil UIT (más de S/ 21 millones), entre los años 2000 y 2017, se decomisó cerca de 80 mil animales silvestres cuyo principal destino era Lima, tanto para abastecer el mercado nacional como para enviar los animales silvestres vivos, disecados o en partes al mercado extranjero, donde el destino final es usarlos como mascotas, comida exótica o medicina tradicional.
Para revertir esta situación, se requiere voluntad política y compromiso, tanto de las autoridades competentes como de los ciudadanos, para implementar acciones orientadas a cambiar los hábitos de consumo, y lograr una sana convivencia con la naturaleza, preservando nuestros ecosistemas.
En relación al cuidado del ambiente, si bien el Perú ha mostrado avances importantes, se requiere todavía mejorar el marco normativo y fortalecer la institucionalidad ambiental, constantemente amenazada cuando es considerada un obstáculo para la ejecución de las actividades económicas.
En lo que concierne a la protección de la vida silvestre, además de contar con sanciones de tipo administrativo y penal, hace un par de años, el Estado peruano aprobó la “Estrategia Nacional para reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú 2017 – 2027”, y su “Plan de Acción 2017 -2022”.
Sobre el punto anterior, son muy pocos los avances que se han podido lograr; y, si bien las autoridades, como el Minam, el Serfor y los gobiernos regionales, que asumieron las funciones transferidas de dichas materias, deben liderar la implementación de la Estrategia Nacional y su Plan de Acción, cabe cuestionarnos sobre cuál es la cuota de responsabilidad ciudadana al respecto.
Es necesario, también, sumar a este compromiso a la ciudadanía, al sector empresarial y autoridades de todos los niveles. La hora del cambio es ahora.
