Defensoría del Pueblo: Urge mejorar condiciones de salud y dotación de alimentos en penal de Ancón I
Lima.- La Defensoría del Pueblo demandó mayor personal médico e implementos de salud para el penal Ancón I con la finalidad de atender los problemas de salud existentes y con carácter prioritario, los posibles casos de COVID-19 que puedan presentarse en la actual emergencia sanitaria.
Actualmente, cuentan con un médico para atender una población que supera las 2700 personas. Tampoco cuentan con medicinas suficientes, ni tampoco con la logística médica necesarias. Carecen de un termómetro infrarrojo el cual permite descartar la fiebre de forma inmediata y sin contacto físico.
Estos reclamos fueron expuestos por las autoridades penitenciarias del penal Ancón I así como por los internos, durante un recorrido por los ambientes del penal en el marco del quebrantamiento del orden que se desarrolló en el lugar y hasta donde llegaron esta tarde, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, y el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, Carlos Fernández.
Ambos representantes de la Defensoría del Pueblo, también fueron informados sobre los problemas que existen con el proveedor de alimentos siendo ello motivo de queja de los internos. La calidad y cantidad de los alimentos es deficiente hecho que afecta la salud de los privados de libertad.
Para la Defensoría del Pueblo es necesario también, que los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignados al penal Ancón I sean sometidos a pruebas para descartar estar infectados con el coronavirus, a la mayor brevedad.
En relación a los hechos de violencia ocurridos en diversos pabellones del centro penitenciario, la Defensoría del Pueblo ha verificado que 10 agentes penitenciarios resultaron heridos, necesitando uno de ellos ser trasladados a un hospital de la ciudad. También resultaron heridos 20 internos, que son atendidos en el tópico del penal.
A fin de atender la situación del sistema penitenciario en medio de la crisis generada por el COVID-19 es imprescindible establecer un comando del más alto nivel integrado por el INPE, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, EsSalud, Ministerio del Interior, Poder Judicial, entre otras instituciones que puedan formular y ejecutar un plan de acción urgente frente a la pandemia en cárceles.