Dirección regional de educación debe disponer acciones para proteger a estudiantes víctimas de violencia sexual
- En supervisión a ocho UGEL, se identificaron casos de docentes y personal administrativo con denuncias por agresión sexual.
LORETO.- La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó a la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) adoptar las acciones necesarias a fin de que se garanticen las medidas de protección a las y los estudiantes víctimas de violencia sexual en instituciones educativas, así como la realización de investigaciones con la debida diligencia para que el agresor reciba la sanción correspondiente.
Este requerimiento se realizó luego de supervisar las unidades de gestión educativas local (UGEL) con la finalidad de conocer si existían casos de docentes nombrados, contratados, personal administrativo y auxiliar de educación con denuncias por hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, se identificó que en la UGEL Maynas se registran ocho casos del año 2020 y dos del año 2021, de los cuales ocho están sin informe final. La UGEL Mariscal Ramón Castilla reportó dos casos, en los cuales un agresor fue destituido, mientras que el proceso de otro se encuentra en trámite.
Asimismo, la UGEL Putumayo reportó un caso cuyo agresor recibió como sanción la destitución. La UGEL Ucayali – Contamana reportó un caso con destitución y la UGEL Requena, tres casos en donde dos agresores fueron destituidos y en el otro está pendiente el informe final. Asimismo, la UGEL Alto Amazonas reportó cuatro casos que aún están en proceso, en tanto que la UGEL Datem de Marañón no brindó respuesta y la UGEL Loreto Nauta no señaló el número de casos.
«Hemos pedido a la DREL acciones que garanticen los derechos de las y los estudiantes de las instituciones educativas, brindando las medidas de protección adecuadas y asegurando la debida diligencia en las investigaciones para que, con un debido procedimiento, las Comisiones de Procesos Disciplinarios de las UGEL procedan a establecer las sanciones o deslindar responsabilidades», sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la región, Abel Chiroque.
El representante de sede defensorial también solicitó a la DREL que coordine con las UGEL a fin de garantizar que los casos de violencia sexual sean derivados a las entidades competentes, comisarías, fiscalías, centros de emergencia mujer, establecimientos de salud, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa. Asimismo, que se determine el número y tipo de casos de violencia escolar proveniente del personal de las instituciones educativas para la atención integral y especializada que requieren las y los estudiantes víctimas de vulneraciones a sus derechos a la integridad, protección y una educación libre de violencia.
Finalmente, Chiroque agregó que es importante trabajar desde la prevención, protección y atención oportuna, más aún en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por ello, se debe asegurar el registro de estos casos en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX) y de corresponder derivarlos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), a fin de asegurar, a nivel nacional, que docentes destituidos o sancionados no puedan participar en ningún proceso de convocatoria en el ámbito educativo.
