Estado debe proteger toda vida humana y deben prevenirse quiebres del orden en penales
Lima.- El Poder Ejecutivo ha anunciado la constitución de un comando unificado para atender la grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario del país. Esta entidad tendría por principales objetivos, garantizar los derechos a la vida y salud de los privados de libertad (incluyendo a las y los trabajadores del INPE) y preservar el orden al interior de las cárceles.
La Defensoría del Pueblo, con anterioridad a la crisis del COVID-19, advirtió de la grave situación de las cárceles (Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHDP), ya en su inicio y posterior desarrollo, indicó de la necesidad de contar con planes públicos de prevención y atención (Serie Informes Especiales Nº 03-2020-DP). En su rol de colaborador crítico ha formulado recomendaciones concretas tendientes a mejorar la atención de salud en cárceles, reducir niveles de hacinamiento, proteger a los trabajadores penitenciarios y garantizar la seguridad y el orden al interior de las prisiones (Serie Informes Especiales Nº 08-2020-DP)
Los quiebres del orden que diariamente vienen ocurriendo en establecimientos penitenciarios no deben repetirse. Por ello urge que el mencionado comando integrado, entre otras instituciones, por INPE, PNP y fuerzas armadas, adopte las acciones preventivas correspondientes. Cabe subrayar que es rol del Estado preservar la vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Por ello, los fallecimientos ocurridos constituyen -siempre- un hecho lamentable, que debe ser investigado con la máxima diligencia posible por el Ministerio Público. El uso de armas de fuego debe ser siempre el último recurso a utilizar, bajo el marco de los protocolos legales existentes y los principios internacionales en la materia.
En el objetivo de prevenir más contagios y muertes por CODIV-19 destacamos el anuncio de la próxima aprobación de normas que reduzcan el número de personas procesadas privadas de libertad. Esta medida se condice con la recomendación formulada por medio del Informe Especial N°8 (Serie Informes Especiales Nº 08-2020-DP). En el mismo sentido, la concretización del bono económico en favor de las y los trabajadores penitenciarios constituye una medida positiva exigida por nuestra institución desde mediados del presente mes.
La Defensoría del Pueblo, en su rol de supervisor de derechos fundamentales, reitera la urgencia de tomar medidas efectivas en todos los ámbitos descritos
