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Justicia especializada permite que Poder Judicial del Perú tenga resultados positivos contra criminalidad organizada y corrupción

Lima. – Justicia especializada permite que Poder Judicial del Perú tenga resultados positivos contra criminalidad organizada y corrupción

La lucha de la Judicatura Peruana contra los delitos de corrupción y el crimen organizado permite exhibir resultados positivos e indicadores de un sistema de justicia serio, independiente y eficaz, logrado a través de la especialización de los jueces y juezas en este campo así como en el de la extinción de dominio.

Así lo resaltó desde Bruselas, Bélgica, la magistrada suprema Janet Tello Gilardi, durante el encuentro de alto nivel entre representantes de América Latina y la Unión Europea organizado por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado Europa-Latinoamérica (PAcCTO).

Tello Gilardi, quien acudió en representación de la presidenta del Poder Judicial del Perú, Elvia Barrios Alvarado, fue panelista en el conversatorio “Sistemas de justicia democráticos en estados seguros”.

ESPECIALIZACIÓN CONTRA CORRUPCIÓN

En su presentación, la jueza suprema resaltó la creación, el 2018, de la Corte Penal Nacional de Justicia Penal Especializada, lo cual fue una respuesta integral ante casos complejos vinculados con el crimen organizado y la corrupción de funcionarios.

“La importancia de esta corte está en su alto grado de especialización y la logística para afrontar casos emblemáticos, relacionados al crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos, corrupción de funcionarios y graves violaciones a derechos humanos”, detalló.

Este trabajo jurisdiccional especializado ha permitido, por ejemplo, repatriar activos provenientes de actos ilícitos confiscados de la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos, así como la persecución de delitos de mucha trascendencia internacional como el caso Odebrecht.

La magistrada resaltó, también, la creación del subsistema de extinción de dominio, herramienta de política criminal para luchar frontalmente contra la delincuencia organizada, de forma independiente y autónoma del proceso penal.

Los procesos de extinción de dominio, especificó, están orientados contra los bienes y fortunas adquiridas o derivadas de actividades ilícitas que tengan la capacidad de generar ingresos o que estén vinculados al crimen organizado.

Cabe resaltar que esta justicia especializada ha permitido recuperar una significativa cantidad de bienes patrimoniales, como en el 2020, durante el tramo más crítico de la pandemia, que a través de 68 sentencias permitieron el retorno de más de S/ 140 millones al erario público.

Asimismo, durante el 2021 se extinguieron bienes patrimoniales en favor del Estado por S/ 32 millones y, en lo que va del año, S/ 18 millones, con una expectativa de recuperación ascendente a S/ 130 millones debido al amparo de 277 medidas cautelares presentadas el 2022.

En otro momento, Tello Gilardi refirió que el delito de trata de personas, en pleno siglo XXI permite explotar seres humanos a través de la cosificación de sus cuerpos, afectando su dignidad y ponerlos en una situación de vulnerabilidad y degradación.

“La migración y la pandemia han impactado directamente en las personas, precarizando sus condiciones de vida y colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a este delito, que tiene en las mujeres y niñez su rostro más representativo: 65% de las víctimas identificadas”, señaló.

Así, destacó también la iniciativa del Poder Judicial para lograr una intervención inmediata contra la trata de personas en la frontera con Ecuador, que ha permitido elaborar el Protocolo de Cooperación Judicial para investigar y judicializar esos terribles casos en ambos países.

“Por todo esto consideramos que la especialización es una de las mejores herramientas que tiene el sistema de justicia penal peruano para hacer frente a la delincuencia organizada”, remarcó la magistrada.

En ese sentido, reconoció la importancia que tiene desde hace varios años la labor desplegada por el PAcCTO en nuestra región y en el Perú, para que juezas y jueces reciban e intercambien conocimientos y experiencias para reforzar sus potencialidades en la lucha contra el crimen organizado.

FRUCTÍFERO ENCUENTRO

Tras cuatro días de estas reuniones de alto nivel organizadas por el PAcCTO, fueron reafirmados los esfuerzos por una cooperación interregional entre instituciones europeas y latinoamericanas que han firmado una declaración para abrir una nueva etapa de colaboración con estrategias comunes en materia de justicia criminal y su plasmación en medidas concretas.

Estas medidas están basadas en estándares comunes que promuevan la eficacia de la investigación y enjuiciamiento de las principales formas de delincuencia organizada, como lo planteado por el Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, sobre crear “pruebas electrónicas  o creando Equipos Conjuntos de Investigación”.

En la cita oficial estuvieron presentes alrededor de 140 delegados y representantes de instituciones de justicia y seguridad de América Latina y la Unión Europea, quienes intercambiaron experiencias sobre diversas materias, así como para fortalecer la cooperación a fin de combatir la amenaza criminal y la delincuencia organizada.

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