Órganos de justicia deben considerar jurisprudencia interamericana sobre uso del territorio y consulta previa
Los jueces, juezas y demás agentes de los órganos de administración de justicia deben considerar e incorporar en sus decisiones la jurisprudencia interamericana sobre tierra, territorio y recursos naturales, así como el desarrollo de una consulta previa, libre e informada, respecto a los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo sostuvo Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el webinar internacional: “Retos para la efectividad de los derechos territoriales y consulta previa”.
Este certamen, realizado por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue organizado por el Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, junto al Instituto internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).
Urrejola agregó que todos los operadores de justicia están obligados a ejercer de oficio un control de convencionalidad entre las normas internas de un país con las que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
ALERTA POR PANDEMIA
La comisionada alertó, además, que en este contexto de pandemia por el covid-19 la discriminación hacia los pueblos indígenas, así como la vulnerabilidad de estos ha aumentado de manera grave y profunda.
En ese sentido, sostuvo que los estados deben abstenerse a tomar medidas contrarias a ellos y mas bien proteger su vida, integridad, territorios y recursos naturales.
“Los estados deben extremar medidas, informar sobre la pandemia en su idioma tradicional y hacer una promoción de salud con enfoque cultural”, agregó.
Señaló asimismo que los países deben abstenerse de ejecutar proyectos energéticos y extractivos en territorios de los pueblos indígenas, quienes son afectados por la presencia de actores ajenos como madereros, narcotraficantes y mineros ilegales.
En sus palabras de bienvenida al webinar, la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, sostuvo que las juezas y los jueces tienen bien claro la línea sobre protección de los derechos de los pueblos originarios o indígenas, comunidades campesinas, nativas y afrodescendientes.
“Los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”, señaló.
DEMANDAN RECONOCIMIENTO
Durante la actividad, representantes de los pueblos indígenas y de las rondas campesinas demandaron que el estado reconozca la titularidad del territorio que ocupan, personalidad jurídica, mayores niveles de coordinación y amnistía de casos criminalizados debido a desacuerdos entre la justicia formal con la consuetudinaria.
Nelton Yankur, presidente del Pueblo Achuar del Pastaza, sostuvo que la falta de una personalidad jurídica como pueblos indígenas impide una coordinación efectiva para defender su territorio de empresas madereras, mineras y petroleras.
Por su parte, Rocío Cjuiro, representante de una comunidad campesina de Chinchero, Cusco, señaló que la construcción del aeropuerto en su comunidad ha dejado impactos negativos más que positivos, pues han sido despojados de sus territorios.
En el evento también participaron como panelistas la congresista Silvia Monteza Facho; el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; así como los jueces superiores Hernán Layme Yepes, de Puno, y Jonatan Basagoitia, de Ucayali.
A manera de conclusión, Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta de IIDS, sostuvo que resulta urgente crear un registro de pueblos indígenas para inscribirlos en los registros públicos.
“Debe haber una coordinación intercultural entre los pueblos y el Estado para que no se les criminalice por administrar justicia, ya que en este momento hay tres mil autoridades ronderas perseguidas”, concluyó.
