Se deben impulsar mecanismos para la prevención y el combate de la trata de personas de manera eficaz

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a duplicar esfuerzos para establecer mecanismos de actuación oportuna por parte de los operadores de justicia para la prevención, persecución y sanción de este delito, así como para garantizar la atención, protección y reintegración de las personas afectadas.

Como parte de su rol de observador ante la Comisión Nacional contra la Trata de Personas y colaborador crítico del Estado, la institución señala que si bien se verifican importantes avances, a casi 20 años de la ratificación del Protocolo de Palermo, como el fortalecimiento de la coordinación institucional, la creación de protocolos de atención a víctimas, documentos técnicos de atención en salud mental, el avance en el logro de metas del Plan Nacional contra la Trata de Personas, en materia de prevención, persecución, sanción del delito y en atención y protección a las víctimas, todavía queda un camino largo por recorrer.

Eso sucede porque, en el contexto de la pandemia, se han visto incrementados los factores de vulnerabilidad, por el difícil acceso a la educación, falta de trabajo, pobreza, ausencia de oportunidades, así como demás factores económicos y sociales que envuelven a sus potenciales víctimas. Asimismo, los tratantes ha encontrado, a través de medios digitales, nuevas formas de captación de víctimas; sin embargo, se espera que con la actualización de la Política Pública contra la Trata de Personas, y la reafirmación de los compromisos de colaboración interinstitucional, la lucha contra esta problemática se verá afianzada en los próximos años.

Según información del Ministerio Público, durante el año 2020[1], la cifra de víctimas reportada fue de 470, y la principal finalidad de explotación fue la sexual (185), seguida por la explotación laboral (141) y otras formas de explotación (144). En tanto, en lo que va de este año, la cifra asciende a 238, siendo la principal forma de explotación la sexual (95), seguida por la laboral (44) y otros (99).

De otro lado, se evidencia el componente de género y etario que presenta el delito, pues las principales víctimas siguen siendo mujeres (212) y en menor incidencia varones (26). Mientras la incidencia de víctimas menores de 18 años se ha incrementado respecto al año pasado de un 6 % a un 47 % en lo que va del 2021, situación que resulta preocupante.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo considera que se deben identificar señales de alarma frente a la posible captación a través de medios digitales y concientizar a la población en el acompañamiento de niñas, niños o adolescentes en el uso adecuado de los medios tecnológicos, pues los tratantes se estarían aprovechando su situación de vulnerabilidad en entornos digitales. Así, un estudio realizado por CHS Alternativo “Percepción de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en internet 2018-2021” indica que “el 42 % de los cuidadores afirmo que el niño/a a su cargo ha enfrentado situación de riego en línea al 2021, frente al 26 %  antes de la pandemia”.

En ese sentido, se recordó que, el Comité de los Derechos del Niño exhorta al Estado a revisar las leyes y políticas pertinentes para garantizar que ellas y ellos estén protegidos contra la explotación económica, sexual o de otra índole. Asimismo, precisa que el Estado deba revisar periódicamente el marco legislativo y actualizarlas con instrumentos legales sólidos que protejan a la niñez y adolescencia frente a los riesgos reconocidos y emergentes de todas las formas de violencia, como es la trata de adolescentes con especial énfasis en explotación sexual.

Cabe señalar que, por su parte, la Defensoría del Pueblo viene trabajando de forma articulada con las instituciones con responsabilidad en la materia, a través del acompañamiento a víctimas, procurando un rol preventivo a través de talleres, charlas y capacitaciones virtuales, orientados a estudiantes de institutos y universidades, así como de instituciones educativas, sobre las nuevas formas de identificar situaciones de riesgo para evitar ser víctima de este delito y fomentando los canales de denuncia.

De la misma manera, junto a CHS, elaboró el informe “Abordaje Judicial de la Trata de Personas”, el cual reveló la ausencia de aplicación de los enfoques de género y de derechos humanos en gran parte de las resoluciones y sentencias sobre delito de trata de personas emitidas en diversas instancias del sistema de justicia entre los años 2005 y 2017.

Asimismo, se trabajó con el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP), Informe Defensorial Regional: “Trata de Personas y Responsabilidades Estatales en la Región Piura”. Este informe constituye una herramienta de monitoreo que recaba información acerca de la incidencia de la problemática de Trata de Personas en la región Piura y la calidad se servicios estatales que reciben las víctimas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó que, a la fecha, se cuenta con canales de atención y denuncia contra este delito como lo son la Línea 1818, del Ministerio del Interior; la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y las líneas de atención de la Defensoría del Pueblo.

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