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Trabajadores se quedan sin sueldos y deberán usar sus ahorros para sobrevivir y salvar a los empresarios

El congresista HIPÓLITO CHAIÑA expresó su rechazo al DU 038-2020 que bajo el eufemismo de “preservar el empleo de los trabajadores”, en realidad, permite un despido encubierto cediendo a las presiones de los empresarios de la CONFIEP. Tal es así que aún se publique la norma y sin esperar el reglamento las grandes empresas ya empezaron adoptar esta medida, como es el caso de Unicen, Miyasato, Cosapi, entre otros.

Lo dispuesto en el DU 038-2020 es un despido encubierto porque transcurrido los 90 días de “suspensión perfecta”, con el pretexto que la economía demorará en recuperarse las empresas se someterán a procesos concursales y los trabajadores sometidos a un proceso de cese colectivo, las normas están hechas a la medida de los intereses de los empresarios y dejan en el desamparo absoluto a los trabajadores.

“El gobierno, sometiéndose a los intereses de la CONFIEP ha dispuesto que los trabajadores se queden sin remuneraciones por 90 días y que, en ese periodo, para sobrevivir, utilicen sus CTS y si ya no tienen saldo en su cuenta soliciten un adelanto de la CTS de mayo y si eso nos es suficiente que pidan un adelanto de gratificaciones si, a pesar de eso, ya no tienen recursos que retiren sus fondos de AFP; es decir, con esta medida se condena al trabajador a la indigencia absoluta, mientras que los grandes empresarios se repartirán 30 mil millones de soles. Esta conducta es repudiable por inmoral”, sostuvo Hipólito Chaiña.

Contradictoriamente, la misma norma (art. 11) autoriza al empresario a prorrogar el depósito de la CTS de mayo hasta el mes de noviembre, ¿“entonces cómo se dispone que el trabajador solicite un adelanto de su CTS de mayo? Es una burla y es indignante” señala el legislador.

Asimismo, Hipólito Chaiña señala que el gobierno aprovechando la emergencia por el COVID-19 establece un precedente antilaboral funesto cuando faculta a las empresas públicas del Estado a aplicar la “suspensión perfecta” a sus trabajadores (Quinta Disposición Complementaria Final). Es decir, el mismo gobierno utiliza mecanismos que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores, lo que debe merecer el rechazo de las organizaciones gremiales de trabajadores y de las instituciones democráticas de la sociedad civil.

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