Tribunal de Corte Superior Nacional realizar audiencia presencial por el “Caso Chuschi” en Ayacucho
Ayacucho. – Los jueces de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional realizaron una audiencia presencial de juicio oral en la ciudad Huamanga (Ayacucho), para recabar las declaraciones de cuatro testigos, en el proceso seguido contra cuatro acusados por el denominado ‘caso Chuschi’.
El juicio se realiza contra Hugo Martínez Aloja, Bernhard Christian Braun Luy, Sigifredo Miranda Vásquez (presuntos autores mediatos) y Marco Aguilar Biaggi (presunto autor directo), por la presunta comisión del delito de desaparición forzada de Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca.
En la audiencia de hoy se recabaron las declaraciones de cuatro testigos: Irena Huamaní de Cayllahua, Mario Marcial Almonacid Cisneros, Francisca Tucno de Pacotaype y Teófila Rocha de Cabana.
A fin de garantizar un real acceso a la justicia sin barreras lingüísticas, el Poder Judicial dispuso el apoyo de un intérprete del quechua ayacuchano al castellano, autorizado por el Ministerio de Cultura, para una adecuada comunicación con los testigos quechuablantes.
TRES DÍAS
Cabe destacar que, el tribunal integrado por los jueces Jhonny Contreras Cuzcano (presidente), Percy Ruiz Navarro y Otto Verapinto Márquez, llegó hasta la ciudad de Huamanga para realizar sesiones presenciales consecutivas durante tres días, -desde hoy hasta el viernes 3- para interrogar a doce testigos.
Según la acusación Fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 1991, cuando una patrulla del Ejército de Infantería Motorizado (BIM) 34 de Pampa Cangallo (Ayacucho) ingresó a la localidad de Chuschi.
En esas circunstancias, otro grupo de militares, se habría dirigido a los domicilios de Manuel Pacotaype (alcalde), Marcelo Cabana (teniente gobernador), Martin Cayllahua (secretario municipal) y del menor Isaías Huamán, para detenerlos por haberse negado, supuestamente, a constituir los comités de autodefensa y haber denunciado abusos policiales.
