Urge atender nuevas tensiones sociales surgidas en contexto de emergencia por COVID-19
Lima.- En el contexto actual de crisis sanitaria por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo identificó 28 casos de tensiones sociales y protestas en servicios públicos de salud. Las demandas de un sector de médicos y enfermeras están referidas al limitado equipamiento de protección para el personal, inadecuada infraestructura y logística para atender los casos de coronavirus y, además, solicitan la renuncia de algunos directores de hospital por presunta incapacidad en su gestión, y el pago de un bono extraordinario equivalente a un sueldo.
En el ámbito de la actividad minera se han presentado 22 casos cuyas demandas se refieren a la presunta continuidad de operaciones mineras desacatando las normas de la emergencia, el temor al contagio dentro de las operaciones, la desmovilización de personas y pedido de retorno a sus residencias habituales. En estos casos, los actores sociales son los trabajadores mineros y las comunidades campesinas que habitan en zonas adyacentes a las operaciones.
En los establecimientos penitenciarios se identificaron 16 casos. Los trabajadores del INPE exigen mejores condiciones de seguridad, acceso a pruebas de descarte, y que se faciliten implementos de bioseguridad. Los internos reclaman por el grave hacinamiento que incrementa las posibilidades de contagio; las limitaciones en el ingreso de alimentos de primera necesidad, mascarillas y guantes; también piden mejores condiciones de salubridad, atención médica y más medicinas; y se quejan de las restricciones a las visitas.
En traslados humanitarios y retorno no autorizado de personas, se identificaron 71 casos en el que se demandan el acceso urgente al desplazamiento, la entrega de información sobre el procedimiento de traslado, alojamiento para la espera, provisión de alimentos y atención de salud durante el viaje. Por su parte, la población de los lugares de destino ha impedido el ingreso de las personas que retornan y se oponen a que se acondicionen lugares para su aislamiento.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera que:
- · La Presidencia del Consejo de Ministros debe elaborar lineamientos para atender estas situaciones de tensión social y protestas actuales, considerando: (1) las dificultades en la comunicación, (2) el temor generalizado al contagio, (3) la alta presión sobre el sistema administrativo, y (4) el incremento de problemas sociales por la disminución de las actividades económicas. Las oficinas de gestión social de los ministerios deberán considerar su intervención especialmente en los cuatro escenarios descritos.
- · Se deben conformar equipos de acción rápida que tomen contacto seguro con dirigentes gremiales del sector salud, trabajadores mineros, e internos o sus familiares, a fin de procesar sus demandas en el corto plazo. En el caso de los grupos de personas que retornan es indispensable mapear su ubicación y atenuar el riesgo con medidas acorde a cada situación.
- · La Policía Nacional, en estos casos, debe cautelar que el uso de la fuerza se haga conforme a la legislación nacional e internacional respetando y garantizando los derechos de las personas. Cualquier exceso en estas circunstancias puede complicar doblemente el tratamiento de los problemas y la situación general de la emergencia. El Ministerio del Interior deberá establecer lineamientos de actuación, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que, además de estas situaciones nuevas, el Estado debe prepararse para la atención progresiva de los conflictos sociales que quedaron pendientes de solución.