Urge instalar mesa de diálogo para atender demandas sociales en Huánuco
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco demandó al Gobierno Regional, a la Municipalidad Distrital de Amarilis, así como a la Prefectura Regional, informar sobre las medidas adoptadas para instalar una mesa de trabajo y atender las demandas sociales presentadas por dirigentes de asentamientos humanos, transportistas, agricultores cafetaleros, así como del sector educación y salud, quienes acatan un paro de 48 horas.
Al respecto, la jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, Lizbeth Yllanes, explicó que en una reunión el día jueves 23 de setiembre, los dirigentes de organizaciones sociales y sindicales solicitaron públicamente la presencia de funcionarios del Ejecutivo para la conformación de una mesa de trabajo, toda vez que han expresado su disconformidad y desconfianza contra el gobernador regional por presuntos actos de corrupción.
Entre las demandas sociales se encuentran la construcción del nuevo hospital de Tingo María, la construcción del puente alterno sobre el río Huallaga, la instalación de un puente modular en el sector La Muyuna, la implementación de las plantas generadoras de oxígeno medicinal en todas las provincias, el mantenimiento de los centros educativos ante el posible inicio de las clases presenciales, la compra de terreno para la construcción de un hospital y la entrega de la obra de agua y desagüe en Pillcomarca, obras de agua y desagüe en la provincia de Ambo, entre otras.
En relación a las actividades de protesta durante el paro, la Defensoría del Pueblo acudió a la sede de Seguridad del Estado y verificó que una persona fue intervenida por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad. Por lo que se coordinó con la fiscal de turno para el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, se constató que tres personas resultaron heridas, dos policías y un civil, quienes fueron llevados a la Sanidad de la Policía y al Centro de Salud Amarilis; encontrándose estables al momento de la visita.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo insta a los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales de Huánuco a concretar, en el inmediato plazo, un proceso de diálogo para la atención de la problemática y disipar la situación de tensión social, en un marco de colaboración, respeto y buena fe.
En ese sentido, cabe recordar que el ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho a la protesta social en el marco de la legalidad y el rechazo del uso de cualquier tipo de violencia.
Asimismo, se recuerda a la Policía Nacional del Perú que, en el restablecimiento del orden interno, los derechos de las personas deben ser respetados, y que el uso de la fuerza deberá ser, en todo momento, legal, necesario y proporcional.
La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, reitera su disposición a colaborar para conseguir una salida pacífica a este conflicto.
