Urgen oficinas municipales para atender a personas con discapacidad a nivel nacional

Lima.- Doña Jovita Oré Pastorelli reniega de sus autoridades. Sobre su silla de ruedas, reclama por qué en la municipalidad de su distrito no opera la OMAPED. ¿Qué es eso? Es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. De acuerdo a la ley, debería haber una en cada alcaldía del territorio nacional. Sin embargo, esto no es una realidad.

En su calidad de representante de la Asociación Femenina de Discapacitados de Villa El Salvador, Oré acudió a quejarse ante la Comisión de Inclusión Social del Congreso y a la Defensoría del Pueblo. Señaló que ni la Gerencia de Desarrollo Social de su comuna desea saber sobre las necesidades de sus agremiados.

Su amiga, Claudia Rentería, jefa de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) de Piura, le recomendó entablar una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial. Este es un proceso de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades cumplan lo dispuesto por la ley.

Este solo es un caso de desidia por falta de ciertas autoridades que no velan por las necesidades de todos sus pobladores, sea cual sea su condición. Así como este, existen muchos más a lo largo y ancho del país.

Falta de OMAPED’s
Mónica Honores, jefa de Desarrollo y Promoción Social del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), lamentó que de 1,838 municipalidades a nivel nacional, solo 438 tengan OMAPED’s. Es decir, mucho menos que la mitad.

La funcionaria explicó que una de las principales labores de esta oficina es el empadronamiento de personas con discapacidad para conocer cuántas hay en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, dentro de sus objetivos se encuentra el ayudar a estas personas en su integración a la sociedad.

“Si todas funcionaran (OMAPEDs), no solo ayudarían al CONADIS sino a diversas entidades del Estado para apoyar a cualquier persona de esta condición”, agregó.

Por su parte, Sonia Povis, responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), recriminó a los alcaldes distritales y provinciales el no crear sus respectivas OMAPED’s para atender las necesidades de este amplio sector poblacional.

“De acuerdo a la ley 29973 y la Ley Orgánica de Municipalidades, cada una de ellas debería tener una OMAPED. Estas deben ser reconocidas mediante una Ordenanza Municipal, y tener su propio presupuesto. Lamentablemente esto no ocurre en todos lados”, indicó.

Temor a denunciar
Los principales problemas para que una mujer con discapacidad acceda al sistema judicial en nuestro país son su temor a efectuar la denuncia, ser víctimas de discriminación de género y carecer de recursos materiales y humanos, como un intérprete en el caso de una sordomuda; por citar un ejemplo.

Así lo precisó Sonia Povis, en la presentación de los avances del informe sobre la situación de este sector poblacional, el cual pronto dará a conocer APRODEH a la opinión pública. Agregó que en el 2012, 84 hombres con discapacidad interpusieron denuncias de todo tipo de discriminación ante la Defensoría del Pueblo, mientras que únicamente 55 mujeres lo hicieron.

Por su parte, Luis Fernando Astorga, director ejecutivo para América Latina del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), indicó que las personas con discapacidad tienen derecho y se deben eliminar esas barreras discriminatorias entre seres humanos.

El Dato:
Cualquier persona con discapacidad de escasos recursos económicos, es decir, que no tenga los medios para solventar su propia defensa, puede acceder a un abogado de oficio asistiendo a la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia.

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