Sala de Apelaciones Anticorrupción escuchó la manifestación de Gerardo Sepúlveda

Lima.- Hoy se realizó la audiencia en la cual la Sala de Apelaciones Anticorrupción escuchó al equipo especial Lava Jato y la defensa de Gerardo Sepúlveda, encabezada por el Dr. Percy García, para evaluar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, la misma que fue desestimada en primera instancia por el juez Jorge Chávez Tamariz.

En dicha audiencia, al empresario chileno Gerardo Sepúlveda se le dio la palabra, quien recordó que fue él quien se puso a derecho, visto que la Fiscalía no demostraba ningún interés en investigar su caso después de que el fiscal Hamilton Castro le tomara sus declaraciones en Chile en marzo del 2018: “Hace más de dos años, en marzo de 2018 y ante el primer requerimiento de la fiscalía peruana, confirmé mi disposición a cooperar. Mi declaración tuvo lugar en Santiago de Chile, duró más de 15 horas y fue ante el fiscal Castro y el procurador Ramirez. (…) Dada la falta de avances y sin siquiera haber sido notificado legalmente por el Ministerio Público, en noviembre de 2019 le pedí a mis abogados que se acercarán a la fiscalía y al poder judicial para tomar conocimiento de la situación del proceso y me defendiera de esta imputación que considero injustificada. Quiero hacer presente que llevo más de dos años, buscando avanzar en este proceso, que he estado siempre dispuesto a colaborar y que en este período mi vida ha estado prácticamente supeditada a la incertidumbre que todo esto ha generado”.

También, Sepúlveda enfatizó que ha cumplido estrictamente con lo solicitado por los jueces peruanos respecto a una conducta procesal correcta, pero lamentablemente no ve que la Fiscalía demuestre un verdadero interés por hallar la verdad: “Entre enero y febrero de 2020 se llevaron a cabo las audiencias de prisión preventiva, cuyo fallo he acatado rigurosamente. Se me requirió una caución de S/100 mil soles, la que fue oportunamente pagada; disponibilidad a los requerimientos de Fiscalía, a los que atendí en cada oportunidad; comparecencia trimestral, la que fue realizada en marzo de este año en el juzgado. (…) A la fecha, las diligencias por las que la Fiscalía requirió mi presencia en Perú no han sido realizadas. Los documentos que me fueron requeridos no han sido recibidos. Y por el contrario se me ha impuesto un impedimento de salida que fue inicialmente de 60 días y que hasta ahora va en 120 días”.

En su alocución, Sepúlveda se cuestionó porqué la Fiscalía no ha tomado en cuenta las declaraciones de testigos, como los miembros del equipo de trabajo del BCP que intervinieron en las estructuraciones financieras; de algunos colaboradores eficaces, como el señor De Castro Santos; e incluso comunicados de la misma empresa Odebrecht, que son claros en afirmar que las asesorías fueron de carácter técnico, que han sido efectivamente brindadas, que los pagos han sido efectuados legítimamente y que el derecho al honorario no estaba relacionado a gestiones con el Estado.

Finalmente, sobre Rutas de Lima, que recientemente la Fiscalía ha incorporado como parte de la investigación, Sepúlveda enfatizó que esta información ya obra en la carpeta fiscal del Ministerio Público desde marzo de 2018 en que entregó su declaración con todo detalle al respecto, así como con la evidencia que le fue requerida: “Para el caso Rutas de Lima, proyecto que se origina en 2010 y que concluye en el 2014, mi rol como siempre estuvo restringido a obtener el financiamiento necesario a partir de precios y costos establecidos directa y exclusivamente por la Concesionaria y la Municipalidad de Lima. Todo lo que acabo de señalar, se encuentra debidamente documentado y ha estado a disposición de la Fiscalía desde marzo de 2018”.

A continuación de declaración completa de Gerardo Sepúlveda:

«En primer lugar, quiero agradecer a la Sala la oportunidad para expresarme.

Hace más de dos años, en marzo de 2018 y ante el primer requerimiento de la fiscalía peruana, confirmé mi disposición a cooperar. Mi declaración tuvo lugar en Santiago, duró más de 15 horas y fue ante el fiscal Castro y el procurador Ramírez. La declaración se centró en mi relación con el Sr. Kuczynski y los trabajos de estructuración financiera que realicé para Odebrecht, tanto bajo Westfield Capital como First Capital. Mis explicaciones no se limitaron solo a los dos proyectos actualmente investigados (Trasvase Olmos e IIRSA Sur), sino que presenté y documenté cada uno de los proyectos en que trabajé para esa empresa, incluyendo lo referente a Rutas de Lima que me acaban de informar que se ha incluido como parte de la presente investigación.

Con posterioridad a esa declaración, en junio de 2019, y sin haber sido contactado nuevamente por la fiscalía, me notificaron un cambio de estatus. Pasé de testigo a imputado.

Dada la falta de avances y sin siquiera haber sido notificado legalmente por el Ministerio Público, en noviembre de 2019 le pedí a mis abogados que se acercarán a la fiscalía y al poder judicial para tomar conocimiento de la situación del proceso y me defendiera de esta imputación que considero injustificada. Quiero hacer presente que llevo más de dos años, buscando avanzar en este proceso, que he estado siempre dispuesto a colaborar y que en este período mi vida ha estado prácticamente supeditada a la incertidumbre que todo esto ha generado.

Finalmente, entre enero y febrero de 2020 se llevaron a cabo las audiencias de prisión preventiva, cuyo fallo he acatado rigurosamente. Se me requirió una caución de S/100 mil soles, la que fue oportunamente pagada, disponibilidad a los requerimientos de fiscalía, a los que atendí en cada oportunidad, comparecencia trimestral, la que fue realizada en marzo de este año en el juzgado y en junio no la he podido realizarla por las razones de emergencia sanitaria por todos conocidas.

A la fecha, las diligencias por las que la fiscalía requirió mi presencia en Perú no han sido realizadas. Los documentos que me fueron requeridos no han sido recibidos. Y por el contrario se me ha impuesto un impedimento de salida que fue inicialmente de 60 días y que hasta ahora va en 120 días. Como la situación de pandemia sigue, supongo que se podrá seguir ampliando.

El 27 de abril, vencido el plazo 60 días del impedimento de salida impuesto el 26 de febrero de 2020 y luego de consultar a mis abogados si existía la posibilidad de regresar a Chile, intenté abordar un vuelo humanitario de regreso a Santiago. Grande fue mi desilusión al ser informado que no bastaba con que el impedimento de salida apareciera como caduco en el sistema de migraciones, se requería además una autorización expresa del juez que había ordenado el impedimento. Al intentar obtener dicha autorización, la desilusión fue aún mayor, ya que el resultado fue una extensión del impedimento de salida.

Como dije anteriormente, en estos más de dos años mi vida ha estado prácticamente en función de este proceso, mi reputación ha sido completamente enlodada, he sido calificado como prestanombre, sin experiencia, corrupto y miembro de una organización criminal. Por otra parte, mi vida familiar ha sido bruscamente afectada, llevo más de 100 días en este país y no tengo claridad de cuándo podré retornar.

Como no soy abogado, no quiero hacer comentarios legales respecto del proceso, entiendo que tanto fiscalía como mis abogados ya han tomado cuenta de ello, solo me hago la siguiente pregunta: ¿Por qué la Fiscalía no ha tomado en cuenta las declaraciones de testigos (como los miembros del equipo de trabajo del BCP que intervinieron en las estructuraciones financieras), algunos colaboradores eficaces (como el Sr. De Castro Santos) e incluso un comunicado de la misma empresa Odebrecht (que está obligada, tengo entendido a decir la verdad) que son claras en afirmar que las asesorías fueron de carácter técnico, que han sido efectivamente brindadas, que los pagos han sido efectuados legítimamente y que el derecho al honorario no estaba relacionado a gestiones con el Estado, sino que exclusivamente a mi capacidad de proporcionar los servicios financieros para los que fui contratado?

Para finalizar quiero enfatizar que en el caso del proyecto Trasvase Olmos, el Sr. Kuczynski o Westfield Capital no fueron beneficiados con el honorario de éxito. En el caso de IIRSA Sur, producto de los supuestos favores a los que hace mención la Fiscalía, el honorario se redujo de un monto original de 10 millones 200 mil dólares a un millón 200 mil dólares, compartido en partes iguales con el BCP, co-estructurador del proyecto. Y para el caso de Rutas de Lima, proyecto que se origina en 2010 y que concluye en el 2014, mi rol como siempre estuvo restringido a obtener el financiamiento necesario a partir de precios y costos establecidos directa y exclusivamente por la Concesionaria y la Municipalidad de Lima. Todo lo que acabo de señalar, se encuentra debidamente documentado y ha estado a disposición de la Fiscalía desde marzo de 2018.»