Unión gremial de transporte urbano suspenderá servicios el jueves 3 de septiembre por falta de apoyo estatal
Lima.- La Unión Gremial del Transporte Urbano, entidad que agrupa a los gremios formales representativos del transporte Urbano de pasajeros (Aemus, Asestraca, Cámara de Transporte Urbano, Conet y Conecsa), expresa su más profundo malestar por las promesas incumplidas del Estado al dilatar la implementación de medidas de salvataje económico para evitar la quiebra las empresas de transporte urbano por el Covid 19.
“Lamentablemente, el Estado nos lleva a la suspensión total del servicio este jueves 3 de septiembre en Lima y Callao. Hemos cumplido con las medidas de distanciamiento social, sanitarias y de cuarentena para el personal que enferma, sin embargo, entre el 50% al 70% de la flota vehicular del transporte urbano están paralizadas, disminuyendo hasta el 92% los ingresos. Conductores, mecánicos, cobradores y toda la cadena del sector van siendo afectados en su salud y las empresas están en rojo”, señaló Martín Ojeda, representante de la Unión Gremial de Transporte Urbano.
La Unión Gremial de Transporte Urbano lamenta que el Gobierno demore la implementación del subsidio y otras medidas que atenúen la inminente recesión económica en nuestro sector. 70% de ciudadanos de Lima se movilizan en unidades de transporte público. La inacción e indolencia del Estado nos ha inmovilizado empresarialmente llegando a afectar al público usuario.
Las empresas formales de transporte público reclaman al Estado estabilidad jurídica. Las autorizaciones para trabajar vencerán el próximo mes de octubre, se solicita renovaciones que tengan un periodo no menor de 10 años y permita pagar los créditos solicitados al sistema financiero.
Exigimos cumplir el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aceptando la continuidad urbana por parte de las municipalidades colindantes. El desacato a las normas por parte de las propias autoridades de Lima y Callao, alienta la informalidad del transporte y benefician a los ilegales. La emisión de permisos provisionales daña a las empresas formales que desean orden.
El Estado, NO ha podido implementar soluciones prácticas y viables para el salvataje efectivo del transporte pese a las resoluciones del Ejecutivo, por ello el presidente, Martín Vizcarra, ha recibido una carta del gremio expresándole todas nuestras angustias y aún no tenemos una respuesta efectiva.
La implementación del servicio de GPS, implica altos costos que requieren avales del Estado. Aceptamos soluciones tecnológicas, pero no la imposición de “fórmulas mágicas” que quiebren a las empresas.
Rescate Financiero. El sector formal de buses cuenta ya con dos mil (2,000) buses GNV y EURO V nuevos al servicio del transporte, adquiridos sin ningún incentivo de parte del Estado.
Los transportistas formales esperan medidas concretas, decretos o iniciativas legales que aprueben medidas específicas en materia financiera y contractual orientadas a proteger el sector transporte urbano de pasajeros y así mitigar el impacto negativo del COVID-19.
“Solicitamos una restructuración financiera que incluya la moratoria de deudas, penalidades e intereses y un nuevo cronograma crediticio excepcional de dieciocho (18) meses calendario computados a partir del día siguiente del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. No pedimos privilegios, queremos seguir operando, pagando deudas razonablemente y transportando al pueblo”, señaló el abogado Martín Ojeda.
Condenamos la circulación de unidades “piratas” que recorren Lima sin ninguna autorización, ni normas sanitarias. Las unidades de la Municipalidad de Huarochirí “regularizan” su servicio, mientras que los transportistas formales son castigados con numerosas papeletas.
El Estado es un mal empresario que no supo elegir a la empresa que brindaría el servicio de desinfección de buses, el fracaso estatal en esta licitación terminó recargando aún más nuestro escaso presupuesto.
“Los transportistas formales de la Unión Gremial de Transporte Urbano no pueden avanzar porque el Estado les puso la luz roja perjudicando al pueblo. La suspensión del servicio, el jueves 3 de septiembre en Lima y Callao, es responsabilidad del Estado, porque no tenemos recursos para pagar nuestro funcionamiento básico”, concluyó Ojeda.
