El proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que amplía los impedimentos para ser fundadores y directivos de una organización política, busca que estos sean personas idóneas para asumir tales responsabilidades, afirmó Amelia Hernández Donaire, abogada de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la institución.
En entrevista con JNE TV, precisó que la propuesta, además de terrorismo y narcotráfico establecidos en la legislación vigente, incorpora los delitos de apología al terrorismo, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Agregó que los primeros delitos ya se encuentran previstos como impedimentos para postular en elecciones nacionales y subnacionales.
Indicó que en la iniciativa legislativa también se adicionan el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, debido a que se encuentran dentro de los delitos contra la administración pública.
Hernández Donaire refirió que el proyecto presentado al Congreso de la República plantea modificar la Ley de Organizaciones Políticas, en relación con los impedimentos para tales fundadores y directivos, quienes no podrán estar condenados a pena privativa de la libertad -efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada- por la comisión de los referidos delitos.
Asimismo, aclaró que la participación de un partido político en un proceso electoral (en curso o en el siguiente) se suspendería si este tuvo conocimiento de que el fundador o directivo, estando en el ejercicio del cargo, ha sido condenado por esos delitos, en tanto no lo retire del cargo y no comunique al JNE.
“Se pretende fortalecer la confianza de la ciudadanía en las organizaciones políticas, porque son estas las que llegan a los cargos de representación más altos (Presidencia y congresistas); por ello sus fundadores y directivos, que son los que canalizan las demandas ciudadanas y brindan las propuestas de soluciones a los problemas de la sociedad, tienen que ser los más idóneos, con una trayectoria profesional y personal correcta”, manifestó.
Mencionó que, entre otros aspectos, la propuesta también plantea como requisito para la inscripción de una organización política, la declaración jurada expresa de cada uno de los fundadores y directivos en la que conste su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado de derecho y a las libertades y derechos consagrados en la Constitución.
En la exposición de motivos se menciona la bibliografía en que se sustenta la iniciativa legislativa y se presenta información del estudio Perfil Electoral del JNE que detecta un mayoritario número de candidaturas con sentencias civiles y penales.
