De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, más de 733 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria, representando el 9.1% de la población mundial. Así lo refiere el último informe El Estado de la Seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, conocido como reporte SOFI (por sus siglas en inglés).
Perú no es ajeno al problema. Según el reporte SOFI, con un 51.7%, el país registra la inseguridad alimentaria moderada más elevada de Sudamérica (sin contar Bolivia y Venezuela). Incluso se estima que más de 16 millones de peruanos padece esta preocupante situación.
El apoyo de la asistencia humanitaria en Perú y la región
El contexto mostrado afirma la necesidad de redoblar esfuerzos desde el gobierno, pero también desde los organismos humanitarios que operan en el país durante emergencias. Uno de ellos es Acción contra el Hambre, que, durante las lluvias e inundaciones de 2023, instaló un centro de operaciones en Piura para dar asistencia humanitaria a las tres regiones más afectadas por las enfermedades infecciosas, así como por la falta de alimentos y agua potable.
La estrategia de acción humanitaria priorizó el apoyo en alimentación de niños y madres, complementándola con provisiones de agua, saneamiento y prevención en salud, asistiendo a más de 27.900 personas en Piura, 1.481 en Tumbes y 2.123 en Lambayeque. Posteriormente, con el financiamiento internacional, se desplegó actividades que cubrieron la alimentación y otras necesidades básicas urgentes de 31.546 afectados hasta enero de 2024. Todo esto en forma articulada con los Gobiernos Locales y el Sector Salud principalmente.
“La educación sobre seguridad alimentaria es una inversión en el futuro de nuestra sociedad. Se requiere que se articulen esfuerzos desde las escuelas, familias, autoridades y organizaciones, apoyen una alimentación segura y adecuada para revertir las cifras de hambre en el Perú”, apunta Henry Torres, subdirector de Acción contra el Hambre.
En la actualidad, la ayuda humanitaria de Acción contra el Hambre despliega labores en Centroamérica, donde más de 25 millones de migrantes sufren hambre y violencia en su travesía a Norteamérica, así como en el Líbano, cuya población sufre la expansión del conflicto en Gaza.
