Las empresas chinas hacen lo que quieren en nuestro país con la complacencia de malas autoridades. Al mismo estilo de Chibolín que tiene influencias en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la empresa china Railway N° 10, de la mano de una magistrada provisional que estuvo implicada en graves irregularidades, viene paralizando obras, perjudicando al Estado y a más de 70 proveedores peruanos a los que no quiere pagar y están al borde de la quiebra.
Se trata de la jueza Mónica Graner Casas, quien emitió una resolución en la que se declara incompetente para ver el caso en la que la demandada por una millonaria deuda, es la empresa china Railway N° 10, cuando lo que correspondía era elevar el expediente a la Sala Comercial para que resuelva finalmente.
Por si fuera poco, dejó sin efecto su propia resolución y liberó una millonaria suma en favor de la empresa china CREC10, dinero que fue embargado por uno sus proveedores estafados, a pesar de que la misma jueza, previamente se declaró incompetente para actuar en este caso.
Es muy extraña la relación de la jueza Graner con la empresa china CREC10, que debe más de 70 millones de soles a más de 100 proveedores peruanos en más de 50 obras en todo el Perú, que al día de hoy se encuentran paralizadas.
La Jueza mediante su irregular decisión, ha ordenado liberar a los bancos más de 20 millones de soles, de tal manera que cuando la justicia determine y ordene que esta empresa china pague su deuda, es altamente probable que los fondos ya no existan. El perro muerto en toda su dimensión.
La magistrada Mónica Graner (Jueza Supernumeraria del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima), emitió resoluciones a favor de la empresa china Railway N° 10 Engineering Group Co. LTD sucursal del Perú en el proceso judicial (Expediente N° 11531-2022-32-1817-JR-CO-07), perjudicando a una empresa peruana presuntamente estafada, la cual viene reclamando una suma de dinero que la citada empresa china pretende desconocer.
EL dato
La Unidad de investigación de este diario se encuentra abocada a investigar y verificar la existencia de un andamiaje de corrupción orientado a la impunidad en perjuicio de un centenar de pequeños y medianos empresarios a los que la empresa China Railway Nº10 les debe más de 70 millones de soles en todo el Perú, utilizando el Modus operandi de colocar como árbitros a abogados que guardan íntima relación con los abogados de la defensa de esta empresa china.
