Los programas alimentarios del país —como Vaso de Leche y Wasi Mikuna— fueron creados para garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a una dieta adecuada. Sin embargo, los resultados revelan un desafío persistente: en las regiones con mayor cobertura, la inseguridad alimentaria continúa afectando a buena parte de la población, lo que evidencia problemas de eficiencia en su implementación.
“La inseguridad alimentaria se presenta cuando las familias no pueden acceder de forma continua a alimentos suficientes y nutritivos, ya sea por la falta de ingresos estables o por el aumento de precios que encarece la canasta básica. En esos casos, las familias ajustan su dieta reduciendo la calidad y cantidad de los alimentos, lo que repercute directamente en su salud y bienestar. Los programas de apoyo buscan cubrir ese vacío, pero muchas veces no llegan a todas las familias que los necesitan”, explicó Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Los datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) muestran una paradoja: en Puno, Ayacucho y Cajamarca, más del 50% de la población recibe algún programa alimentario, pero la inseguridad alimentaria afecta a más del 60% de sus habitantes. Mientras que regiones como Ica, Arequipa y Loreto presentan una cobertura menor —menos del 30%— y también niveles más bajos de inseguridad (alrededor del 40%).
Una investigación del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) reveló que una mayor cobertura de los programas alimentarios no se traduce necesariamente en menores niveles de inseguridad alimentaria a nivel regional. Esto ocurre porque los criterios de focalización no siempre coinciden con las zonas donde el problema es más grave. A ello se suman factores como los bajos ingresos y el encarecimiento de los productos básicos, que reducen la capacidad de las familias para mantener una dieta adecuada.
“Tener un programa focalizado significa que la ayuda se dirige a quienes cumplen ciertos criterios, como vivir en pobreza o vulnerabilidad. El problema es que esos criterios, muchas veces basados solo en ingresos, no siempre muestran quiénes realmente tienen dificultades para alimentarse bien. En consecuencia, algunas familias quedan fuera del sistema de apoyo pese a necesitarlo, mientras otras que sí son beneficiarias no presentan la misma urgencia alimentaria”, agregó el economista.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perú es uno de los países con más inseguridad alimentaria de Sudamérica, con 18,8 millones de personas en esta situación. Antes de la pandemia, la cifra era de alrededor de 12,3 millones, lo que muestra que, tras la COVID-19, el número de peruanos y peruanas con dificultades para acceder a alimentos suficientes y nutritivos creció.
“Si el objetivo es combatir la inseguridad alimentaria, el reto está en orientar mejor la ayuda. Orientar la focalización de manera adecuada es esencial para que los recursos lleguen primero a los hogares que enfrentan una situación severa. Además, garantizar el acceso a servicios complementarios como agua segura, energía eléctrica y equipamiento doméstico básico es también indispensable. Un Estado sólido y eficiente es aquel que logra que cada sol invertido se traduzca en bienestar real”, concluyó el economista.
