Reunidos los días 06 y 07 de octubre de 2024 en la ciudad de Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, Perú, los líderes y lideresas de los pueblos indígenas Asháninka, Ashéninka, Amahuaca, Nomatsigenga, Nukini, Shipibo, Yaminahua, Yanesha, Kakataibo, representantes de
sus comunidades y sus organizaciones AIDESEP-ORAU, ACONADIYSH, ACCY, AACAPPY (Perú), OPIRJ, APIWTXA (Brasil), continuamos dialogando y proponiendo soluciones a la problemática que afecta a las comunidades de la frontera Yurúa/Juruá/Alto Tamaya y declaramos lo siguiente:
- En la 7ma reunión de la CT hemos evaluado los avances en la implementación de las estrategias de protección territorial que propusimos para hacer frente a las amenazas a nuestros territorios. Juntamente con representantes de organizaciones aliadas hemos manifestado nuestras preocupaciones, demandas y propuestas de acción, mismas que se han hecho públicas a través de declaraciones y pronunciamientos, cartas enviadas a las autoridades de los gobiernos en cada país y en forma de denuncia formal sobre el accionar del Estado.
- Lamentablemente, todavía no encontramos una respuesta consistente y contundente de parte de las autoridades del gobierno peruano. Por el contrario, se continúan promoviendo e impulsando, desde el congreso nacional de Perú, el gobierno regional de Ucayali y el gobierno local de la provincia de Atalaya, proyectos de infraestructura que afectan drásticamente el territorio indígena en la frontera Alto Yurúa, Juruá, Alto Tamaya.
- Exigimos un posicionamiento de las autoridades peruanas sobre la promoción y acciones relacionadas a la construcción de la Carretera Nueva Italia – Puerto Breu (UC-105), misma que carece de estudios técnicos y procesos de consulta que la avalen. Avalar la construcción de esa carretera, construida de manera totalmente ilegal, contradice y viola el marco legal de protección de los derechos de los pueblos
indígenas, así como los compromisos asumidos por el Perú con relación al cambio climático, respaldados por las salvaguardas de Cancún: «El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas». Exigimos que el Gobierno Regional actúe de manera urgente y definitiva para detener la promoción y proceso ilegal de construcción de la carretera UC-105. - La CT comparte una visión integral del paisaje en el Alto Yurúa, Juruá, Alto Tamaya. La conservación de los bosques y de la biodiversidad es lo que asegura el buen vivir de nuestros pueblos. Nos preocupa que las zonas de cabeceras de ríos transfronterizos
como el Amonia no cuenten con la debida protección frente a la amenaza de actividades ilegales y no sostenibles que las ponen en riesgo. Se trata de zonas críticas porque aseguran la regulación de los ciclos hidrológicos. Además, son lugares de importancia histórica cultural para nuestros pueblos. - Nos posicionamos contra la continuidad de cualquier proyecto o medida que afecte a los pueblos indígenas y nuestros territorios de manera directa e indirecta y que se desarrolle sin la debida consulta, porque violan nuestros derechos establecidos en la Ley de
Consulta Previa No 29785 y en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano y por ende de cumplimiento obligatorio por parte de todas las autoridades a nivel nacional, regional y local. - La CT demanda que esta problemática sea incluida para su discusión y atención del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Transfronteriza de Perú. Esperamos que esta agenda pueda incorporarse en su reunión programada en el mes de diciembre de 2024. Demandamos la debida apertura y transparencia de esta instancia en la que no se está considerando la participación directa de los pueblos que viven en esta región fronteriza de Perú y Brasil.
- Igualmente, en el ámbito del contexto brasileño, demandamos que la CT sea debidamente incluida en los debates y tomas de decisión de la Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira – CDIF, órgano de asesoramiento superior destinado a proponer medidas y coordinar acciones para la implementación de iniciativas necesarias para la actuación del Gobierno Federal en la
faja de frontera. Entendemos que ese órgano debe estar al servicio de la protección y garantía de los derechos de las comunidades que viven en esta región. Asimismo, las situaciones transfronterizas complejas no pueden ser atendidas sin considerar el conocimiento específico de los pueblos transfronterizos. - Rechazamos enérgicamente las argumentaciones falsas que emiten diferentes actores del gobierno y otros grupos interesados en el avance de la construcción de la carretera ilegal UC-105, mismos que afirman que esta va a conectarse con carreteras que serán construidas en el lado brasileño. Al respecto, alertamos que eso no tiene sustento, pues el poder judicial brasileño declaró, en junio de 2023, la nulidad de la licitación y del contrato relacionados con el proyecto de extensión de la carretera BR-364, y ordenó al Estado brasileño abstenerse de tomar cualquier medida relacionada con ese proyecto hasta en tanto no sean respetados los derechos de las comunidades afectadas. Exigimos que quienes estén divulgando declaraciones falsas sobre estas carreteras se hagan responsables de esta desinformación.
- Solicitamos mejoramiento e inversión en el aeródromo de Breu, que es una alternativa para la locomoción de las poblaciones locales que no impacta de manera significativa su modo de vida, como sería el caso la apertura de una carretera.
- Exigimos que los ministerios de relaciones exteriores de los gobiernos de Perú y Brasil se articulen para frenar el avance del narcotráfico y el asentamiento de colonos en la región del Alto Yurúa, Juruá, Alto Tamaya. Declaramos que es inaceptable cualquier proyecto que pretenda destruir o ponga en riesgo la protección de los bosques, ríos, y la biodiversidad de esta región frente a la fuerte crisis social y ambiental de cambio climático que viene avanzando de manera acelerada con un fuerte impacto en la salud y la calidad de vida y los derechos de los pueblos que viven en esta región.
- La 7ma reunión de la Comisión Transfronteriza desaprueba y cuestiona el doble discurso del gobernador regional de Ucayali por su constante rechazo e indiferencia para escuchar las demandas de los pueblos indígenas y su respaldo a proyectos de infraestructura que
atropellan nuestros derechos y territorios. - La CT exige priorizar la atención a los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial (PICI) en la región fronteriza Alto Yurúa, Juruá, Alto Tamaya.
- La CT respalda la lucha de la comunidad Alto Tamaya Saweto por la defensa de su territorio y justicia por las víctimas de 2014.
- Exigimos al Ministerio del Interior el despliegue de las fuerzas del orden para monitorear, vigilar y defender la región de frontera Yurúa, Juruá, Alto Tamaya, de actividades ilegales.
- Los pueblos indígenas representados en la CT exigimos de las autoridades aquí mencionados que nos den una respuesta de las cartas y declaraciones enviadas a su despacho en un plazo de 15 días. Las cuestiones aquí presentadas exigen una solución urgente. Tememos que de no resolverse se puedan intensificar los conflictos sociales.
No vamos a claudicar en la defensa de nuestro territorio y nuestros derechos. Seguiremos luchando en contra de las amenazas a nuestros territorios y por su valor ecológico y cultural que sustenta la vida plena de nuestros pueblos.
