Urgen acciones inmediatas para preservar la vida, seguridad y orden en centros penitenciarios

PERU.- Frente a la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario en el Perú, debido al impacto del COVID-19, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de tomar acciones urgentes tendientes a proteger la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de libertad. La prioridad de atender a este grupo poblacional en esta emergencia ha sido objeto de reiterados informes, comunicados y declaraciones que hemos hecho públicos.

Si bien el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han adoptado medidas para atender esta problemática, estas han sido tardías e insuficientes. Ello, lamentablemente, ha contribuido al inicio de un brote masivo del COVID-19 en las cárceles a nivel nacional, y al consecuente, cobro de vidas de internos y agentes penitenciarios. Esta situación ha generado reacciones de protesta por parte de internos y agentes penitenciarios, habiéndose producido el día de hoy quebrantamientos del orden en los centros penales de Junín, Ica, Chiclayo y “Miguel Castro Castro” en Lima.

Según la información recogida por la Defensoría del Pueblo, el principal motivo de las protestas radica en el temor al contagio por COVID-19 y la falta de información para prevenirlo, la deficiente atención en los tópicos de salud y la ausencia de acciones eficaces para disminuir los niveles de hacinamiento.

La situación descrita se produce, entre otros factores, debido a la ausencia de un plan público de acción frente al coronavirus. Las supervisiones realizadas nos permiten corroborar que el servicio de salud penitenciaria se encuentra en seria crisis, debido al déficit de médicos, personal asistencial, medicamentos y logística de salud. También es posible señalar que se ha aplicado un reducido número de pruebas de descarte del COVID-19 frente al elevado número de personas privadas de libertad y el personal penitenciario. Es también evidente que las primeras acciones tendientes a descongestionar las prisiones se han adoptado hace solo dos semanas.

Dada la gravedad de la crisis, consideramos imprescindible que el Poder Ejecutivo adopte las siguientes acciones con carácter de urgencia:

1. Se conforme un comando de acción que tome la dirección inmediata de las acciones contra el COVID-19 en el sistema penitenciario. Este comando debe estar integrado por representantes del Ministerio de Salud, INPE, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Dicha instancia debe implementar las siguientes acciones:

1. Elaborar un plan de trabajo público que determine la cifra real de recursos humanos y logísticos existentes en cada penal, indicando las estrategias de acción y el plazo para revertir los déficits encontrados. En el mismo sentido, debe contemplar la conformación de un mecanismo humanitario encargado de recoger con prontitud a las personas privadas de libertad que pierdan la vida al interior de cárceles. Es imprescindible que contemplen la necesidad de tomar pruebas de descarte del COVID-19 al mayor número posible de personas privadas de libertad, incluyendo al personal penitenciario, y se haga público el número de exámenes que realicen por penal.
2. Se incremente la seguridad interna y externa en todo el sistema penitenciario, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
3. Se otorgue mayor presupuesto adicional al INPE para la adopción de las acciones que impulsará el comando antes referido.
4. En el caso de las personas liberadas, estas deberán pasar antes por una prueba de descarte del COVID-19 y de ser necesario, implementar espacios dónde ubicarlos para que cumplan la cuarentena.

2. Se implementen, a la brevedad, medidas concretas contra el hacinamiento adicionales a las ya anunciadas. Las ya dictadas deben cumplirse asignando los mayores recursos humanos y logísticos posibles.

Es fundamental precisar que la inacción o demora en el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a garantizar la salud de las y los internos puede conllevar a la pérdida de vidas que generen una responsabilidad nacional e internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos de estas personas. Cada vida humana debe ser preservada.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo, en conformidad con su mandato constitucional, reitera nuevamente su compromiso de seguir velando por los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como ocurre con las personas privadas de su libertad.