Norma que establece protección de mujeres en casos de violencia acoge recomendaciones de la defensoría del pueblo

PERU.- La Defensoría del Pueblo resaltó la emisión de Decreto Legislativo 1470, que recoge recomendaciones de la institución para garantizar la atención y protección de mujeres e integrantes del grupo familiar frente a casos de violencia durante el actual estado de emergencia por el COVID-19. Estas demandas fueron realizadas en comunicación cursada por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y durante la reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Ley 30364, realizada el lunes pasado.

Uno de los puntos más importantes que rescata el decreto es el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de las/los operadores del derecho en el ejercicio de sus funciones, y en el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden. La Defensoría del Pueblo ha venido impulsando esta demanda desde que inició el estado de emergencia. Asimismo, se acogió la solicitud de atender todos los casos de violencia independientemente del riesgo que presente la víctima y de comunicar inmediatamente a los juzgados competentes designados.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo destaca que se haya recogido la recomendación sobre el uso de tecnología por parte del Poder Judicial. Este deberá prescindir de las audiencias, dar medidas de protección en un plazo máximo de 24 horas y ejecutarlas de manera inmediata. Respecto a tales garantías, se destaca también que se haya agregado la necesidad de dictar medidas cautelares que contribuirán a controlar que el/la agresor/a, no use el espacio de relacionamiento con sus hijos/as para violentar a su pareja, madre de los menores.

Además, resulta clave que se prohíban expresamente medidas de protección simples, como el mandato de cese, abstención y/o prohibición de ejercer violencia, y que se dé preferencia al retiro del agresor del domicilio o ubicación de la/s víctima/s en un hogar de refugio temporal. Sin embargo, en principio, las y los operadores deben agotar las opciones para que ellas se mantengan en su hogar con sus hijas/os.

Añadido a ello, de no existir suficientes espacios de refugio, la Defensoría del Pueblo solicita habilitar otros lugares con las mismas condiciones y parámetros de atención para resguardar a las víctimas. Para ello, se podría disponer de los inmuebles incautados en los procesos seguidos por delitos en agravio del Estado, que se encuentran bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo saluda que se haya atendido la recomendación de autorizar a la Policía Nacional del Perú la facultad de georreferenciar la dirección del domicilio de las víctimas con medidas de protección y proporcionar un medio de comunicación directo para monitorearlas y atenderlas oportunamente. Además, estas contarán con una red de protección reforzada a través del apoyo del servicio de serenazgo de cada distrito, las organizaciones vecinales, juzgados de paz o autoridades comunales.

En relación al pedido defensorial de brindar una atención multidisciplinaria de niñas/os y adolescentes víctimas de violencia en situación de riesgo o desprotección, se resalta la conformación de equipos de contingencia de las Unidades de Protección Especial para una intervención integral que permita garantizar su integridad. Además, se establece que, en su caso, deben primar los principios de igualdad y no discriminación, y de interés superior, que permitan una actuación célere e inmediata.

Finalmente, se recalca la importancia de disponer que el Ministerio de Salud –tal y como lo solicitó la Defensoría del Pueblo- brinde una atención de urgencia y emergencia a todas las víctimas de violencia, poniendo énfasis en las que sufrieron violencia sexual con medidas como el otorgamiento de kits para garantizar su integridad.

La Defensoría del Pueblo expresa su compromiso de seguir velando por los derechos humanos de todas las personas durante el actual estado de emergencia, poniendo especial énfasis en las poblaciones vulnerables víctimas de violencia de género.