El país no puede continuar avanzando hacia una segunda vuelta electoral mientras subsistan denuncias, apelaciones e irregularidades pendientes de resolución, las cuales actualmente generan serios cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Construir una segunda vuelta sobre dudas, denuncias e irregularidades que, hasta la fecha, no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades competentes, resulta irresponsable y contrario a los principios democráticos que deben regir toda elección.
Las reiteradas denuncias formuladas contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, relacionadas con inconsistencias en el procesamiento de resultados, sistemas informáticos cuestionados, actas observadas, las denominadas “actas fantasmas”, observaciones respecto a la serie 900 000, así como múltiples apelaciones y recursos aún pendientes de resolución, han generado una profunda preocupación y desconfianza en amplios sectores de la ciudadanía.
En una democracia, la transparencia electoral constituye un principio esencial e irrenunciable. Por ello, resulta indispensable que la ONPE, el JNE y la Contraloría General de la República asuman con absoluta responsabilidad histórica e institucional el deber de esclarecer, revisar y resolver, de manera pública, técnica y transparente, cada una de las denuncias presentadas antes de avanzar hacia una segunda vuelta electoral. De no hacerlo, continuará deteriorándose la credibilidad y legitimidad del proceso.
El país necesita certeza, transparencia y confianza. Cada voto debe ser respetado y toda denuncia debidamente investigada antes de continuar con cualquier nueva etapa electoral, porque el Perú merece elecciones limpias, transparentes y plenamente legítimas.