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Aprueban el retorno de Estela Raimondi al Museo Nacional de Chavín en Áncash

Con el voto unánime de 107 votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que establece medidas y criterios técnicos, para el retorno del bien, integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, denominado Estela de Raimondi al Museo Nacional de Chavín, departamento de Áncash, así como para su protección y conservación.

La propuesta tiene por objeto establecer medidas de promoción, difusión, criterios técnicos, responsabilidades y acciones para el traslado del bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, denominado Estela de Raimondi, desde su ubicación actual, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en la Ciudad de Lima, hasta el Museo Nacional de Chavín, ubicado en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Áncash, así como las adecuadas medidas de protección durante su traslado, su debida instalación y conservación en su nueva ubicación.

Señala que el gobierno regional de Áncash y los gobiernos locales correspondientes, según su programación presupuestal, priorización, competencia y funciones, realizan acciones de promoción y comunicación acerca de la importancia en el ámbito cultural y turístico del retorno de la Estela de Raimondi al Museo Nacional de Chavín.

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el gobierno regional de Áncash y los gobiernos locales competentes, realizarán las acciones necesarias para el traslado del bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación denominado Estela de Raimondi, garantizando su debida protección durante el traslado, instalación y protección y conservación en el Museo Nacional de Chavín, en cumplimiento con lo dispuesto de la ley.

El congresista Héctor Acuña Peralta (NA) presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, dijo que una ley declarativa en materia cultural, genera un marco normativo para respetar y promover derechos culturales y satisfacer derechos fundamentales de identidad y libre desarrollo.

«El presente proyecto de ley no genera ni implica ningún costo adicional para el erario nacional, pues las acciones encargadas serían asumidas por las entidades competentes dentro de su presupuesto institucional», señaló.

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