CAPECO propone reformas para salir de la recesión económica e impulsar el desarrollo sostenible

Lima.- El Ministerio de Economía y Finanzas reconoció finalmente que la economía nacional se encuentra en recesión, aunque precisó que esta situación “es puntual y mitigable”. La construcción sufre un proceso contractivo mucho más profundo. En efecto, de acuerdo con el INEI, la actividad constructora nacional cayó 9.6% en agosto del presente año, acumulando ocho meses sucesivos en declive. “CAPECO había pronosticado en el IEC 69, una disminución de 7.9% en la producción sectorial, a consecuencia de una baja de 10.1% en el consumo de cemento (apenas cinco décimas más que el resultado real) y de 2.2% en el avance de obra pública (que terminó contrayéndose 10.8%)”, explicó Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio.

Al cierre del octavo mes del año, la construcción experimentó una baja de 9.0%, la performance más negativa de los últimos doce años en dicho periodo, después del 33.4% que se dio entre enero y agosto de 2020, en la etapa crítica de la pandemia del COVID-19. La construcción es la segunda actividad productiva de mayor caída transcurridos cuatro bimestres del 2023, después de la pesca que experimentó una merma de 28.9% en igual lapso.
De acuerdo con los empresarios de la construcción entrevistados para el presente informe, en el bimestre julio – agosto 2023, las operaciones de estas empresas bajaron 4.0% respecto a igual periodo del año previo, siendo el subsector inmobiliario el más afectado (-6.4%), seguido del de infraestructura (-4.4%) y del de proveedores (-1.1%). Este resultado es mucho más negativo del que estas mismas empresas estimaron alcanzar en la medición efectuada en agosto pasado (-1.0%).
“Lamentablemente, las cifras preliminares de CAPECO muestran que el producto bruto de la construcción volverá a caer en setiembre, y lo hará a una tasa de 10.4%, a causa de una merma de 12.1% en el consumo de cemento (su peor performance desde mayo y el decimotercer mes consecutivo en rojo) y de 6.5% en el avance de obra pública”, anunció Valdivia, con lo que este indicador completaría cuatro meses de declive en el último semestre. De confirmarse esta proyección, la actividad constructora sufriría una retracción de 9.2% en el periodo enero – setiembre y de 5.3% en el periodo octubre 2022 – setiembre 2023.
En el quinto bimestre del presente año, las empresas de la construcción que forman parte del Panel de Expectativas del IEC obtendrían un resultado levemente positivo de sus operaciones (+0.6%) en promedio, como consecuencia de una mejora en el segmento de infraestructura (+3.2%). Sin embargo, advirtió Valdivia, la previsión de estas empresas para todo el presente año es de una declinación de 3.9%, un estimado seis décimas más pesimista que hace dos meses y, aunque los tres segmentos de la construcción experimentarían un retroceso, éste es más pronunciado en el de infraestructura (- 5.9%).
Por su parte, las perspectivas de todas las consultoras privadas sobre el PBI construcción para el 2023, son incluso más negativas que la de los empresarios del sector, el BCR y el MEF, siendo la tasa promedio de 5.8%. Para cumplir con la previsión del BCRP para el 2023 (-3.7%), la producción sectorial debería incrementarse en 9.5% en el cuarto trimestre del año.

Sin punche para la reactivación
El MEF ha centrado su estrategia para lograr la recuperación productiva en una mayor ejecución de la inversión pública, habiendo logrado la aprobación de una Ley que dispone la asignación de un crédito suplementario por un monto cercano a los 5 mil 500 millones de soles y la habilitación de unos 1,400 millones de soles como consecuencia de modificaciones a diversas partidas del Presupuesto del presente año. Sin embargo, conviene ser prudente en las expectativas respecto al impacto que podría tener este conjunto de inversiones.
“Solo la mitad del monto comprometido corresponde a inversiones y cerca de un tercio de la inversión en obras y equipamiento estará a cargo de los gobiernos regionales y locales que, como ya se sabe tienen notorias limitaciones para la selección apropiada de ejecutores y la gestión de los proyectos”, explica Valdivia. Además, según el director gremial, el avance de la ejecución de obras públicas en los primeros nueve meses del año, parecen anticipar que este año se dejaría sin ejecutar un monto récord en inversiones estatales, por lo que asignar más recursos muy probablemente incrementaría la brecha entre los recursos presupuestados y los realmente invertidos. Por último, la desconfianza que inspira entre agentes económicos y ciudadanos la gestión de los poderes públicos hace más difícil cualquier esfuerzo reactivador.
“El ministro de Economía también parece estar resignado a que la recesión se mantendrá en el último trimestre del año: no de otra manera se puede entender sus declaraciones en el sentido de que la reactivación se comenzará a sentir recién en el primer trimestre del 2024”, sostuvo Valdivia.
Estas expectativas, sin embargo, pueden verse frustradas por dos eventos que el gobierno prácticamente no tiene capacidad de control : la cada vez más probable ocurrencia de un Fenómeno El Niño al menos moderado – que podría ralentizar el nivel de operaciones en varios sectores productivos, incluido el de la construcción, a partir de noviembre – y el escalamiento del conflicto bélico en el Cercano Oriente, que podría implicar un nuevo incremento de los precios de los commodities y, como consecuencia de ello, un aumento de la inflación y de las tasas de interés.
Al gobierno deberá exigírsele que tome las medidas de corto plazo que impidan que el perjuicio para la actividad productiva sea el menor posible, entre las cuales se puede considerar:
● Modificaciones puntuales en los reglamentos de contratación pública, para reducir la corrupción, permitir la selección de mejores de consultores y contratistas y reducir el riesgo de paralización de obras
● Un mayor compromiso del gobierno nacional – especialmente de la Contraloría y del OSCE – para la reanudación del mayor número de obras actualmente paralizadas
● El seguimiento estrecho en la ejecución de obras, especialmente aquellas desarrolladas por gobiernos subnacionales y las que se ejecutan por administración directa
● La corrección de las medidas implementadas en los últimos meses que están afectando al mercado inmobiliario residencial, en particular en el segmento de la vivienda social (que ha pasado de un desempeño récord en el 2022 a una caída drástica en el presente año)
● Un plan integral para la atención oportuna de la emergencia que vivirá el país a causa del Fenómeno El Niño y para efectuar un proceso de reconstrucción eficiente y que permita contar con infraestructuras seguras y durables, que además esté preparado permanentemente para enfrentar este tipo de eventos

Se trata en buena cuenta de llevar adelante un ambicioso plan de reformas que se concreten en un nuevo pacto político y social. El espacio para llevarlo a cabo podría ser el Acuerdo Nacional – donde se encuentran el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil – siempre que se le conceda mayores prerrogativas y se modifique su composición para incorporar a nuevos actores sociales.
Para que este proceso sea previsible y se mantenga independientemente de los plazos políticos, deben fijarse hitos en el tiempo y el compromiso de que las reformas esenciales deberán estar vigentes antes de las elecciones presidenciales del 2026.
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Luciana Tello
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ANEXO 1:
La pandemia del COVID – 19 provocó una caída del PBI nacional que duró doce meses y que interrumpió un ciclo de 139 meses consecutivos de crecimiento. Desde marzo del 2021 hasta diciembre del 2022, la producción nacional volvió a presentar resultados positivos mes a mes. En los ocho meses transcurridos del presente año, se ha consumado un escenario recesivo para nuestro país.
Además de la construcción y la pesca, también se situaron en escenario negativo el sector financiero y asegurador (-8.2%), el manufacturero (-6.8%), el de telecomunicaciones (-6.7%), y el agropecuario (-3.1%). Aunque los demás sectores productivos crecieron, la economía en general disminuyó 0.6% de enero a agosto, sumando cuatro meses seguidos en rojo, seis en lo que va de transcurrido el 2023.
Para los empresarios de la construcción entrevistados para el presente informe, los resultados recientes de sus niveles de operación tampoco han sido positivos, aunque las tasas de declinación han sido menores que las del PBI del sector.
En cuanto a la ejecución del presupuesto de inversiones públicas al cierre del noveno mes del año, es preciso señalar que se gastaron 28,160 millones de soles, vale decir un 6.7% más que entre enero y setiembre del 2022, siendo el gobierno central el que experimentó el incremento porcentual más alto (30.1%) mientras que las municipalidades presentaron una disminución de 12.4%. Las regiones también obtuvieron un resultado positivo (4.8%). Empero, este resultado favorable contrasta sensiblemente con la ineficiencia de la ejecución respecto al monto asignado en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM. Al cierre de setiembre, solamente se ha ejecutado un 42.4% del PIM, lo que significaría que – si se mantiene esta tendencia en la ejecución – se dejarían de invertir 29,000 millones de soles a fin de año. Esta cifra constituiría un récord histórico y es superior a los 26,985 millones comprometidos en las 2,010 obras que la Contraloría General de la República determinó que se encontraban paralizadas al mes de agosto.
Las perspectivas para la inversión pública en el 2023 son disímiles entre las estimaciones más optimistas de las entidades oficiales (+1.5% el BCRP, +4.5% el MEF) y las pesimistas de las consultoras privadas que esperan todas ellas que se produzca una baja, siendo el promedio de -3.0%. Para el 2024, por el contrario, hay unanimidad en una percepción positiva que, entre las consultoras económicas, promedio el 4.5%, algo mayor que la del BCR (+4.0%) y menos optimista que la del MEF (+6.0%).

ANEXO 2:
Las performances negativas que vienen experimentando la inversión privada y la construcción se explican porque casi todos los rubros que influyen en la marcha de estos indicadores se han venido deteriorando en el transcurso del año, como se comprobará a continuación.
– Vivienda. Entre setiembre 2022 y agosto del 2023, se concedieron 34,378 préstamos hipotecario, lo que significa una disminución de 23.6% en comparación al periodo setiembre 2021 – agosto 2022. Esta performance es la segunda peor de los últimos cinco periodos anuales, apenas un 9.8% mejor que el que se presentó entre setiembre 2019 y agosto 2020, lapso que incluye la etapa más difícil de la pandemia del COVID-19.

Los créditos otorgados por las instituciones financieras privadas con sus recursos disminuyeron en 32.6%, prolongando su permanencia en el escenario positivo que comenzó en el periodo agosto 2020 – julio 2021. La novedad es que las operaciones fondeadas por Mivivienda S.A. también cayeron aunque en una proporción muchísimo menor (-2.2%), situación que no se presentaba desde que este indicador se contrajo en 7.4% entre mayo 2020 y abril 2021. Pese a ello, Mivivienda concentra el 38.1% del mercado de financiamiento hipotecario para vivienda, once puntos porcentuales más que el promedio de los cuatro años precedentes.

En setiembre 2023, se otorgaron 873 créditos con fondos de Mivivienda, número que es 27.2% inferior al que se presentó en igual mes del 2022. Esa cifra es la segunda más baja de los últimos quince meses. Apenas 36 de estos préstamos correspondieron al crédito complementario Techo Propio, 28.0% menos que en setiembre del año pasado aunque16.1% más que en agosto último.

Si se mantiene la tendencia presentada en estos desembolsos en los últimos seis meses, se concederían 11 mil 2012 préstamos con fondos de Mivivienda, lo que implicaría una declinación de 17.0% en comparación con el 2022.

– Minería. En los ocho primeros meses del 2023, la inversión minera alcanzó los 2,649 millones de dólares. Este indicador ha acumulado trece meses sucesivos en rojo, los últimos siete meses a ritmo de dos dígitos. En los ocho primeros meses del 2023, la inversión minera cayó en 18.6% respecto a igual periodo del año precedente, resultado que es apenas 9 puntos porcentuales “mejor” que en 2020, periodo que comprende a la a la etapa más dura del COVID-19.

– Empleo. Durante el trimestre móvil julio – agosto – setiembre del 2023, 369 mil 600 trabajadores estaban laborando en el sector construcción de Lima Metropolitana, lo que significa un declive de 10.6% respecto a igual trimestre del año previo y de 0.2% en comparación con el trimestre móvil precedente.

Por el contrario, en el total de la economía capitalina, el empleo ha aumentado en 4.5% entre julio y setiembre del 2023 respecto al mismo trimestre del año anterior, encontrándose trabajando 5 millones 208 mil personas, cifra inferior en 0.3% a la que se presentó en el trimestre junio-agosto del presente año. Con estas cifras, el empleo en construcción acumuló doce trimestres móviles consecutivos en rojo, en tanto que el empleo en general sumó veintisiete trimestres en azul.

– Construcción informal. Como ya se ha señalado anteriormente, el desempeño del subempleo en construcción puede ser un indicador relevante para conocer la situación del segmento informal de la actividad constructora. En Lima Metropolitana, el número de trabajadores de construcción subempleados se redujo en 13.8% durante el trimestre móvil julio – agosto – setiembre del presente año respecto al mismo trimestre del 2022, de acuerdo con el INEI. Debe señalarse que también el empleo formal en el sector se redujo en el trimestre julio – agosto – setiembre del 2023, pero lo hizo a una tasa sensiblemente menor (-9.5%).

El subempleo en el sector se ha mantenido en escenario negativo en veinticuatro de los últimos veinticinco trimestres móviles, habiéndose iniciado este ciclo contractivo en el trimestre julio – agosto – setiembre del 2021. Esto reflejaría una persistente contracción de la construcción informal, luego del significativo incremento que se produjo entre marzo del 2020 y junio del 2021, a consecuencia de las medidas restrictivas de la actividad económica formal dispuesta por el gobierno nacional para contener la pandemia del COVID-19.

Otro indicador relevante sobre la marcha de la construcción informal es la incidencia de este segmento del mercado en los ingresos por vena de los proveedores de materiales y servicios. De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas efectuada por CAPECO, esta incidencia se ha reducido en casi 4 puntos porcentuales respecto a la medición de hace dos meses, pasando de 42.7% a 38.8%
También el comportamiento del precio del ladrillo de arcilla puede ayudar a conocer la tendencia reciente del nivel de actividad de la construcción informal en nuestro país, debido a que este es un insumo empleado masivamente en este segmento del mercado. En setiembre de este año, este índice experimentó una declinación de 11.6% en comparación con igual mes del 2022.

– Precios de la construcción. De otro lado, en setiembre crecieron los precios de la loseta (13.7%, respecto a igual mes del 2022) y del cemento (7.5%) así como el costo de mano de obra (5.2%). Por el contrario, el precio del acero se contrajo en 6.8% y, como ya se ha señalado, el de los ladrillos de arcilla experimentó una baja de 11.6%.

En comparación con agosto 2023, en setiembre subió ligeramente el acero 0.8%, los precios del cemento (0.3%). El precio del ladrillo de arcilla se redujo en 0.5%, mientras que el de la loseta y mano de obra se mantuvieron igual. Sin embargo, respecto a junio del 2023, los costos del acero, la loseta y la mano de obra han repuntado.

El índice de precios de materiales de construcción – IPMC experimentó un decremento de 0.12% en setiembre respecto al mes precedente, retomando la tendencia a la deflación que se presentó entre marzo y julio, que se revirtió levemente en agosto cuando este índice se incrementó en 0.14%.

En comparación con setiembre del 2022, el IPMC se redujo en 0.81%. Por su parte, el Índice de precios al consumidor – IPC subió en setiembre del presente año en 0.02% comparado con julio y en 5.06% en relación a agosto del año pasado. Con este último resultado, el IPC confirmó la senda ascendente que empezó en setiembre de 2020 y que sólo se contrajo en tres oportunidades

ANEXO 3:
Además de las tareas de cortísimo plazo, de acuerdo con CAPECO, es necesario convocar al consenso entre los actores políticos y la sociedad organizada para impulsar un acuerdo de ancha base y de largo plazo para:
● Fortalecer el modelo democrático representativo, la división de poderes, el imperio de la ley y los principios de una economía social de mercado, condición indispensable para restaurar la confianza de ciudadanos y agentes económicos en la viabilidad de cumplir la promesa republicana después de 200 años
● Modernizar la organización y gestión del Estado para que pueda cumplir eficientemente con sus responsabilidades esenciales de proveer bienes públicos de calidad -en especial educación, salud, vivienda y protección social- y generar condiciones propicias para la inversión y el empleo
● Desarrollar una estrategia integral para reducir sensiblemente las actividades económicas informales e ilegales, que debe ser considerado como el principal obstáculo para el desarrollo sostenible de nuestro país y causa fundamental de la pobreza, la precariedad y la inseguridad ciudadana
● Contar con un plan de desarrollo sostenible, que establezca objetivos económicos, sociales, territoriales y ambientales de corto, mediano y largo plazo, así como políticas públicas consistentes con dichos objetivos
● Establecer mecanismos institucionalizados y transparentes que propicien un diálogo eficiente entre la sociedad y el Estado para la implementación de políticas públicas, así como un eficiente mecanismo de rendición de cuentas

En el caso del sector construcción, la nueva política pública que debe surgir de esta reforma deberá consignar objetivos, metas y estrategias que promuevan:
1) La descentralización del proceso de planificación territorial, así como la mejor articulación entre los mega-proyectos productivos y de infraestructura con los objetivos de desarrollo territorial y de bienestar de la población, mediante el fortalecimiento del CEPLAN y la conformación de unidades autónomas de planeamiento macro-regional
2) El impulso a la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda, especialmente social, y de equipamientos urbanos
3) La articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos
4) La adopción de un nuevo modelo de gestión de obras públicas que permita una adecuada priorización de inversiones y la introducción de mecanismos de contratación y control más eficientes y transparentes, así como un mejor desempeño de las infraestructuras y equipamientos durante toda su vida útil
5) El fortalecimiento de los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales
6) La puesta en marcha de una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales
7) El perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones
8) El incremento de ingresos municipales, especialmente del impuesto predial, mediante mecanismos más equitativos e incentivos para pagar obligaciones tributarias
9) El fomento de la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción
Nuestro país no podrá superar la precariedad institucional ni saldrá de la crisis económica y social que lo afecta, si es que se sigue creyendo que la producción y las inversiones pueden marchar por cuerdas separadas de la política, si no se deja de lado el cortoplacismo y la improvisación en la gestión estatal; y si no se reconoce que solo a través del diálogo franco y abierto entre los poderes públicos y la sociedad será posible establecer acuerdos y políticas públicas que trasciendan los gobiernos y privilegien el interés común.