Consejo de Ministros aprueba la Política de Reforma del Sistema de Justicia
El Consejo de Ministros, encabezado por el Presidente de la República, Francisco Sagasti, aprobó hoy el Decreto Supremo que oficializa la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia”, que consolida los principales compromisos asumidos por unanimidad por los titulares de las instituciones del sistema con el fin de lograr una reforma sostenida en el tiempo, con acciones y metas claras para los próximos cinco años.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, destacó que esta Política constituye un hito histórico de cara al Bicentenario de nuestra independencia y contempla, a través de nueve objetivos prioritarios y 215 acciones, las medidas necesarias para modernizar la justicia en nuestro país, impulsando su celeridad, eficiencia y transparencia.
Asimismo, añadió que la política aprobada toma como referencia los 12 proyectos de reforma de Justicia de los últimos 30 años y ha recibido aportes de expertos y expertas y de la ciudadanía. Por otro lado, subrayó que esta Política cuenta con un análisis aproximado de sus costos, habiéndose efectuado un cálculo del impacto económico que tendría en los próximos cinco años, lo que refleja la seriedad con la que se ha trabajado dicho documento.
La propuesta de Política de Reforma del Sistema de Justicia fue aprobada previamente, por consenso, en el seno del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, espacio de coordinación y diálogo en el que participan el Presidente de la República, la Presidenta del Congreso de la República, la Presidenta del Poder Judicial, la Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo.
OBJETIVOS PRIORITARIOS
El objetivo prioritario número 1 es promover la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de justicia y el uso de herramientas digitales, con énfasis en la implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Carpeta Fiscal Electrónica.
El objetivo prioritario 2 busca adoptar medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder a un servicio de justicia que atienda sus necesidades más urgentes, sobre todo en el caso de quienes están en situación de vulnerabilidad.
El objetivo 3 propone medidas para modernizar los procesos judiciales, incidiendo en la atención de la elevada carga procesal y en acciones que promuevan la celeridad de los procesos judiciales. El cuarto objetivo plantea medidas para fortalecer la labor de investigación y sanción del delito, incidiendo en el rol de la Policía y del Ministerio Público. Asimismo, establece acciones para mejorar los servicios penitenciarios y de atención a los adolescentes infractores.
El quinto objetivo busca fortalecer capacidades de servidores del sistema de justicia, promover la titularidad de jueces y fiscales, fortalecer la Junta Nacional de Justicia, así como redimensionar la labor de la Academia de la Magistratura para mejorar la formación de jueces y fiscales.
El sexto objetivo aborda el rol de los abogados y abogadas y propone medidas respecto a su formación y responsabilidad profesional, en tanto el objetivo 7 contempla acciones para fortalecer las políticas anticorrupción en el sistema de justicia, con énfasis en los mecanismos de control disciplinario y ético de jueces y fiscales. Se contempla, entre otras medidas, la implementación de las Autoridades de Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
En el marco del octavo objetivo, por primera vez una propuesta de reforma de justicia en el Perú comprende, de manera específica y diferenciada entre sus elementos centrales, el combate de la violencia contra la mujer, previendo medidas para fortalecer el sistema especializado, erradicar estereotipos de género y brindar una atención integral a las víctimas de violencia.
El noveno objetivo prevé la predictibilidad de las decisiones judiciales y medidas para adecuar la normativa vigente a los retos de hoy, mediante la actualización de normas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Código Procesal Civil, la Ley General de Sociedades, entre otras.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, instancia de carácter permanente, se encargará de monitorear la implementación de la Política, verificar su cumplimiento y reportar sus avances a la ciudadanía.
