Debe implementarse atención de reclamos en empresa Hidrandina en Huaraz
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash exigió a la sede de la empresa Hidrandina en Huaraz disponer la habilitación de medios telefónicos y virtuales para facilitar a usuarias y usuarios la presentación de solicitudes y formulación de reclamos al servicio de energía eléctrica; así como garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante la atención presencial en su sede en Huaraz.
Durante un recorrido realizado por personal de la oficina defensorial en los exteriores del local de la empresa, se constató la presencia de más de un centenar de ciudadanas y ciudadanos que formaban largas filas sin respetar las normas para prevenir contagios por COVID-19, como el distanciamiento mínimo establecido, generando con ello aglomeración de personas. Además, la falta de efectivos de la Policía Nacional o de seguridad de la empresa en la zona, propiciaba el desorden.
En general se observó que la empresa dispone de poco personal lo que genera retrasos en la atención y que se formen largas filas en los exteriores del local, sin respetarse la atención preferencial a favor de personas adultas mayores, mujeres embarazadas o con niñas y niños en brazos. Las personas que se encontraban esperando ser atendidas, señalaron que acudieron a la sede para formular reclamos por facturaciones excesivas, solicitar el fraccionamiento de sus deudas e informarse sobre la aplicación del Bono de Electricidad.
Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, señaló que en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 156-2020-PCM, las empresas están obligadas a implementar canales virtuales de acceso para atención de la ciudadanía, con la finalidad de reducir los riesgos de contagio de COVID-19.
Asimismo, la institución demandó a Hidrandina implementar el procedimiento especial establecido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para la atención de reclamos derivados de las facturaciones emitidas durante el estado de emergencia, y también definir un adecuado plan de contingencia que garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, apoyado en una coordinación estrecha con la Policía Nacional.
“Hemos visto que la entidad no viene acatando las normas de bioseguridad y esta situación es delicada en una región donde aún se registran más de 25 mil contagios; de otro lado, es necesario garantizar el cumplimiento de la Ley N° 28683 o ley de trato preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad”, remarcó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez.
