Defensoría del Pueblo: Se debe garantizar cumplimiento de norma sanitaria en albergue Canevaro
Lima.- Las autoridades del Albergue Central Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro no han brindado información a la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los adultos mayores que acogen en sus instalaciones, ubicadas en el distrito del Rímac, lo cual afecta el deber de colaboración.
Ante esta situación, representantes de nuestra institución han solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, bajo cuya rectoría se encuentra dicho centro, que supervise, en coordinación con la autoridad de salud, el cumplimiento inmediato de la norma “Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, por parte del Hogar Canevaro.
Asimismo, hemos solicitado se nos informe sobre la realización de pruebas de descarte a las personas mayores y al personal del Hogar Canevaro, la situación de las personas mayores residentes con resultado positivo en la prueba de descarte por COVID-19, las medidas de control de la trasmisión implementadas por el Hogar Canevaro y las acciones previstas para el eventual traslado de las personas contagiadas.
La Defensoría de Pueblo llama la atención sobre la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios de cuidado en los centros de personas adultas mayores que presenten contagios entre los residentes o los trabajadores y es responsabilidad de las autoridades del sector contar con el plan de contingencia correspondiente.
Esta preocupación está contemplada en el informe que esta semana dimos a conocer a las autoridades nacionales donde informamos de la supervisión a 146 albergues y comprobamos que 90 de ellos carecen de protocolos que orienten su actuación frente a eventuales contagios y 85 no tienen un plan de prevención.
La Defensoría del Pueblo encontró que 97 de estos centros no tienen un médico permanente las 24 horas del día, es decir, dos albergues de cada tres. Esto podría generar, en la práctica, demoras en la atención de la salud de las personas adultas mayores residentes con sospecha de contagio o las diagnosticadas con el COVID-19, poniendo en riesgo a todas las personas residentes y trabajadores del lugar.
Además, se identificó que, en 32 centros de atención residencial, las personas adultas mayores residentes no han recibido la vacuna contra el neumococo y en 46 centros no han implementado un plan de nutrición especial para las personas mayores residentes como medida de prevención frente al coronavirus.
En muchos centros, los principales obstáculos que enfrentan se vinculan al limitado acceso a implementos de protección (guantes, mandiles, mascarillas) y productos de limpieza y desinfección (alcohol, jabón, lejía, papel toalla). En algunos casos, esto responde a la escasez de tales productos en el mercado y, en otros, a los elevados precios.
La Defensoría del Pueblo insiste en señalar que las acciones en favor de la protección de los derechos de las personas adultas mayores que residen en los centros de atención residencial deben ser abordadas de forma integral y articulada con los tres niveles de gobierno.
