El nuevo gobierno buscaría cambiar la ruta económica que el país ha seguido en los últimos 20 años

La llegada al poder de Pedro Castillo ha causado mucha incertidumbre respecto a la política económica que tomaría su gobierno. El Instituto Peruano de Economía, ha realizado un análisis de los anuncios más importantes ligados a la economía y políticas públicas dados en el discurso de toma de mando.

En general, los principales anuncios del discurso se alinean con el objetivo de instalar una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Con ello, el nuevo gobierno buscaría cambiar la ruta económica que el país ha seguido en los últimos 20 años, la cual ha traído grandes beneficios.

Reforma de la Constitución

Castillo hizo énfasis en su intención de promover una nueva Constitución. En su discurso, habló sobre el objetivo de evitar que solo grandes corporaciones se beneficien de las riquezas del país y que el Estado tenga libertad de promocionar, vigilar y regular de acuerdo con el interés de las mayorías.

El presidente indicó que se respetará la normativa actual que rige los procesos de reforma constitucional. Por lo que se presentará al Congreso un proyecto de ley para ser aprobado y luego sometido a referéndum nacional. Pese a ello, la ruta a seguir para la reforma es aún incierta.

De acuerdo a una encuesta nacional urbano-rural realizado por Ipsos el 22 y 23 de julio del 2021, solo el 32% de personas estarían a favor de una reforma total de la Constitución; un 40% estaría a favor de realizar camios parciales y un 25% preferiría que esta no se cambie. Es importante mencionar que actualmente se cuenta con mecanismos de reforma parcial de la Constitución.

Poco énfasis en la inversión privada como motor de la economía y el empleo

El discurso presidencial puso en evidencia el reducido interés por posicionar a la inversión privada como un medio para alcanzar objetivos como un mayor crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo. Durante todo el discurso, el término inversión se mencionó en apenas tres oportunidades para hacer alusión a las inversiones del sector privado. Además, indicó que dichas inversiones estarán sujetas a un nuevo pacto orientado a la generación de rentabilidad social.

En general, el mensaje no reconoce el aporte que ha tenido la inversión privada al crecimiento del país durante las últimas dos décadas de expansión de la economía peruana.

Promoción de empleo a través de proyectos de inversión pública

Se propuso la creación de un millón de puestos de trabajo en el primer año de gobierno a través de inversión pública y generación de empleo temporal. Sin embargo, esta propuesta tendría una viabilidad limitada en la práctica, dado que durante los últimos 16 años la máxima cantidad de nuevos puestos de trabajo que se han podido generar en un año asciende a 560 mil empleos, en su mayoría del sector privado.

Además, la creación de un millón de puestos de trabajo mediante programas públicos de empleo temporal implicaría duplicar los logros totales alcanzados por Trabaja Perú durante los últimos 10 años.

Implementación de programas de financiamiento público

Según Castillo, los programas de financiamiento implementados durante la pandemia (como Reactiva Perú) no habrían beneficiado a las mayorías, al sector agrario, a las MYPES y a los consumidores. En este sentido, propone ampliar los periodos de gracia, facilitar la reprogramación de deudas de las PYME, crear nuevos programas de crédito orientado a la protección de empleos, y priorizar los sectores más afectados por la pandemia.

La experiencia reciente sugiere que este tipo de préstamos -que no analizan adecuadamente la  capacidad de pago de los prestatarios- son bastante riesgosos y tienen poca probabilidad de ser  devueltos. En el 2020, el 90% de la cartera de Agrobanco se considera de alto riesgo. Además, su  tasa de morosidad se ha incrementado progresivamente en los últimos años y, en el 2019, alcanzó  un nivel de 85%. En los últimos cinco años, las pérdidas acumuladas por la institución financiera ascienden a más de S/700 millones. Finalmente, se debe tener en cuenta que varios de los préstamos otorgados por Agrobanco se encuentran en proceso de investigación por posible corrupción de los funcionarios

Medidas de control de tasas de interés

El presidente mencionó que acabaría con los abusos de las entidades financieras, las cuales cobran hasta 200% por créditos. Dijo que el Banco de la Nación, por ejemplo, deberá estar en capacidad de proporcional al ciudadano, todos los servicios bancarios disponibles, con tasas razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura.

Señaló además que, para las PYMES, se prevé implementar fondos de crédito con tasas preferenciales a través de las entidades financieras privadas y el Banco de la Nación; con topes diferenciados, según el requerimiento de cada rubro y sector. Sin embargo, imponer tasas de interés máximas tendría efectos adversos sobre el acceso al crédito formal de las empresas y personas de menores ingresos, ocasionando que no puedan acceder a un crédito o lo hagan a través del mercado informal, que implica mayores tasas de interés y métodos de cobranza peligrosos e ilegales.

Participación del Banco de la Nación en el mercado financiero

La propuesta de que el Banco de la Nación otorgue a los ciudadanos todos los servicios bancarios disponibles, con tasas razonables que le permitan competir en el mercado bancario peruano, estaría en contra del principio de subsidiariedad, que prohíbe la participación del Estado en actividades empresariales que ya sean realizadas de forma más eficiente por el sector privado.

Además, dicha medida ignora el hecho de que en el Perú ya habría un adecuado nivel de competencia a nivel de las cajas, microfinancieras y cooperativas, que se encargan de atender principalmente a MYPE y a la población de bajos recursos.

Criterio de rentabilidad social en los sectores minería, energía e hidrocarburos

En su discurso, el presidente Castillo planteó la introducción del criterio de rentabilidad social en la promoción de proyectos de inversión de inversión en los sectores minería, energía e hidrocarburos. Esto implicaría que todo proyecto deberá contribuir, entre otros aspectos, a dinamizar la economía, generar una recaudación de impuestos positiva y relevante, mejorar los niveles de empleo y salarios, así como promover la transferencia de nuevas tecnologías en las zonas de influencia.

Esta propuesta menciona el criterio de “rentabilidad social”, el cual es abstracto, arbitrario y atentaría contra la estabilidad y predictibilidad de las empresas mineras. Además, no se considera que muchos de los aspectos planteados en el discurso ya se han venido materializando durante las últimas décadas, sin necesidad de dichos criterios.

En este sentido, la contribución fiscal del sector minería e hidrocarburos ha sido y es también significativa. Durante los últimos quince años, esta actividad ha generado recursos fiscales directos e indirectos por un total de 158 mil millones de soles, llegando a representa más del 20% de la recaudación de impuestos por rentas de tercera categoría entre el 2006 y el 2020.