Fomentan acciones a favor de la mujer y el grupo familiar en municipalidades
La Comisión de la Mujer y Familia aprobó, por unanimidad, con 7 votos a favor, el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de la inclusión de los servicios sociales de prevención, control y recuperación en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que se realizó el lunes 7 y estuvo dirigida por su presidenta la congresista Carolina Lizárraga (PM).
Respecto al PL 6142, la parlamentaria aseveró que se busca la inclusión dentro del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, la prestación de servicios sociales de prevención, control y recuperación en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar bajo el cumplimiento de requisitos y metas establecidos por el Poder Ejecutivo.
“Estamos seguros de que serán implementadas por las municipalidades para un mejor servicio público que sin duda redundará en la reducción de casos de violencia. La propuesta busca mejorar la calidad de los servicios públicos a favor de la comunidad”, indicó.
Agregó que la propuesta no ocasiona gasto al Estado por ser una ley declarativa, y los beneficios tendrán un impacto en los derechos de las mujeres y el grupo familiar.
“La Comisión de Mujer y Familia advierte que la problemática de violencia hacia las mujeres y hacia el grupo familiar continúa incrementándose a nivel nacional, y más aún en el contexto decretado por el Estado peruano de pandemia nacional por la COVID-19; situaciones que no dejan de preocupar al legislador nacional”, señaló Lizárraga.
Por ello, sostuvo que es pertinente de que el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas ponga atención en los servicios sociales de prevención, control y recuperación en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Por otro lado, subrayó que, ante el impedimento de generar gasto, es que se hace pertinente se legisle a través de una norma declarativa y de interés nacional, para así llamar la atención de las instancias respectivas; lo que permitirá, de alguna manera, la protección, prevención y disminución de los casos de violencia en los diferentes extractos sociales del país.
La propuesta es de autoría de la congresista Matilde Fernández (SP), quien explicó que esta es declarativa, no incurre en gastos; pero sí apunta a trabajar en prevención de violencia contra la mujer y el grupo familiar, y hace un llamado al Ejecutivo a que pare tanta violencia contra las mujeres.
CADENA PERPETUA
En la sesión participó la doctora Silvia Elizabeth Romero Borda, asesora del Poder Judicial, quien presentó la opinión técnica sobre los proyectos 7044 y 5940, que proponen la aplicación de la cadena perpetua por el delito de feminicidio.
El PL 7044 propone modificar el artículo 108-B del Código Penal para incorporar la condición de desaparecida como agravante del delito de feminicidio. Además, busca incrementar el tipo penal base de este delito a 35 años e imponer la cadena perpetua cuando se produzca cualquiera de los agravantes del tipo penal.
También, recomienda impedir el derecho de gracia, amnistía, indulto, conmutación de la pena y ningún tipo de beneficio penitenciario para el delito de feminicidio, entre otras consideraciones.
En tanto que el PL 5040 propone modificar el artículo 108 – B del Código Penal sobre el delito de feminicidio e incorpora la cadena perpetua cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes del tipo penal.
“La legislación vigente ya está cumpliendo su objetivo con las últimas modificaciones dadas y una nueva legislación no contribuye con lo que ya se ha venido realizando y modificando en términos normativos”, aseveró Romero.
Agregó que el feminicidio requiere un enfoque integral, porque como sabemos concurren varios factores. “Agravar las penas no es algo que va a disuadir la comisión del delito. Se estaría sobre regulando algo que ya está previsto”, puntualizó.
“Se habla de una sobre regulación y eso me preocupa. Es claro y evidente que el Poder Judicial tiene un enfoque que desconecta con el sentido de justicia desde la perspectiva de la víctima y es importante fortalecer nuestra legislación en ese sentido”, señaló Arlette Contreras (NoA), autora del PL 7044.
Por su parte, Jesica Apaza (UPP), autora del PL 5940, subrayó que el feminicidio es un flagelo que siempre sucede. Por ello, requiere mayor drasticidad y, en particular, la sanción de una pena mayor cuando la víctima desaparece. “Cuando existen penas leves, el agresor vuelve y termina con el asesinato a la mujer”, dijo. En tanto, que Matilde Fernández (SP) indicó que se han hecho esfuerzos al respecto, pero vemos que no han dado los resultados esperados.
DICTAMEN NEGATIVO
Por tratarse de un tema que ya se encuentra regulado, con siete votos a favor, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen negativo recaído en el PL 3113, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1297, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y el Decreto Legislativo 1164, que establece disposiciones para la extensión de la cobertura poblacional del Seguro Integral de Salud en materia de afiliación al régimen de financiamiento subsidiario.
