Inmovilización social debe ser acatada por todas las personas en Arequipa
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa invocó al comando de la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público a garantizar el estricto cumplimiento de la orden de inmovilización social, dictada por el Gobierno central para el sábado 29 y domingo 30 de mayo, fecha –esta última– prevista para la realización del debate presidencial. La norma busca evitar actos de campaña electoral que congreguen gran cantidad de personas y con ello pongan en riesgo la salud. Como es de conocimiento público, la provincia de Arequipa soporta una creciente ola de contagios de COVID-19 y ha sido calificada como de riesgo muy alto.
Según los reportes del Ministerio de Salud (Minsa), en mayo, más de 600 personas perdieron la vida a causa del virus y se registraron 16 000 nuevos contagios en la región. En ese sentido, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique, exhortó a la población a cumplir con el mandato de inmovilización para no poner en riesgo su vida ni la de su familia. “El incumplimiento de esta norma legal podría generar la comisión de un delito”, añadió.
Asimismo, recomendó a las autoridades tomen medidas preventivas con relación a posibles convocatorias a mítines y concentraciones masivas que impliquen aglomeración de personas. Añadió que para prevenir escenarios de riesgo, el Ministerio Público debe asumir un rol activo y exhortar a la población para que se abstenga de convocar y participar en este tipo de manifestaciones. Por ello, instó a los efectivos de la PNP a hacer cumplir la ley respetando en todo momento los derechos humanos, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo desarrolla un trabajo permanente desde el inicio del proceso electoral y, durante este fin de semana, desplegará un equipo de comisionadas/os para supervisar el cumplimiento de las funciones de las autoridades competentes a fin de garantizar el normal desarrollo del debate y el respeto irrestricto a los derechos de las personas.
