JNE entre las tres primeras instituciones autónomas con mayor calificación n la lucha anticorrupción
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) figura entre los tres primeros puestos, de los organismos constitucionalmente autónomos, que han adoptado medidas para prevenir la corrupción, de acuerdo con el Reporte Nacional de Implementación del Modelo de Integridad presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el informe se precisa que el máximo organismo electoral logró importantes avances y alcanzó una puntuación de 0.93 (sobre una calificación máxima de 1 punto), siendo apenas superado por Junta Nacional de Justicia (0.97) y la Contraloría General de la República (0.94).
Por debajo, asimismo, se ubicaron la Defensoría del Pueblo (0.91), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (0.91), el Ministerio Público (0.89), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (0.83) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (0.83).
Indica que el JNE fue evaluado en la primera etapa de implementación del “Estándar de integridad: Cumplimiento normativo e institucionalización”, logrando un Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) de 0.93 y una brecha de implementación del estándar de 0.07.
El ICP, explica el documento, es el resultado de la sumatoria del puntaje obtenido en cada etapa de implementación del Estándar de Integridad, y se estima que al término de las cinco etapas establecidas, las entidades alcancen la puntuación máxima de 5 puntos.
En el caso del JNE los componentes que lograron su plena implementación fueron: Gestión de riesgos, políticas de integridad, control, comunicación y capacitación, canal de denuncias, y supervisión y monitoreo.
Asimismo, refiere que existen componentes que aún tienen brechas de implementación, para lo cual la entidad deberá ejecutar las acciones descritas en la sección “Acciones pendientes de implementar”, que incluye el informe.
La función de integridad pública es la que realiza la entidad pública para asegurar la implementación del modelo de integridad, el desarrollo de mecanismos dirigidos a promover la integridad, así como la observancia e interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la función pública.
