Naciones Unidas reconoce al Poder Judicial del Perú por aplicación de reforma sobre discapacidad
Lima._ La Enviada Especial del Secretario General sobre Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas, María Soledad Cisternas Reyes, sostuvo que el Poder Judicial peruano ha sido “señero” en aplicar e implementar la reforma en favor de las personas con discapacidad (PCD).
Fue durante el IV Congreso Nacional e Internacional sobre acceso a la justicia para esta población vulnerable, realizado por la Comisión de Acceso a la Justicia, que preside la jueza suprema Jane Tello Gilardi, en coordinación con la Universidad de La Coruña de España.
Cisterna Reyes remarcó que el Poder Judicial se ha adecuado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre que los Estados deben asegurar y garantizar un adecuado acceso a la justicia de esta población vulnerable, en igualdad de condiciones con los demás.
Como se recuerda, el 2007 fue promulgado el referido tratado internacional, instrumento que significó un cambio de paradigma debido al “modelo social e inclusivo” que causó impacto en las normas civiles que regulan la institución de la capacidad.
En línea con la Convención, Perú promulgó el 2012 la Ley Nº 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad), la cual propició una gran reforma del Código Civil a través del Decreto Legislativo Nº 1384, del 2018, que implementó modificaciones para reconocer la capacidad jurídica de las PCD.
Asimismo, publicó los decretos legislativos 1377 y 1417, ambos del 2018, que fortalecen la protección integral de niñas, niños y adolescentes y promueven la inclusión de las PCD con la designación de ajustes razonables, así como de apoyos y salvaguardias.
GARANTÍA DE DERECHOS
Durante la inauguración del IV Congreso, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, señaló que estas modificaciones normativas han supuesto una “mejor garantía de derechos”.
Agregó, no obstante, que el derrotero es aún mayor porque hay que incorporar los enfoques de género e interseccionalidad ante la “doble discriminación” que sufren las mujeres con discapacidad por su condición y “situación de género”.
“Quienes están más expuestas a violencia, lesiones, abuso, abandono, malos tratos, entre otros, son las mujeres y niñas con discapacidad, por ello hay que insistir en incorporar el enfoque de género para mejorar sus condiciones de vida y el pleno ejercicio de sus derechos”, anotó.
Martha García Pérez, directora del Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Discapacidad de la Universidad de la Coruña, señaló que en España la Ley 8202, reforma normativa a la luz de la Convención, ha cumplido un año, con cambios en favor de las PCD como titulares de derecho.
A su turno, Renata Bregaglio Lazarte, directora de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la PUCP, quien expuso sobre las brechas de la reforma civil, señaló que nuestro país junto a Colombia, Brasil y Argentina son los únicos de América Latina que han formulado reformas.
Durante la primera jornada del congreso, María del Carmen Carreón, profesora de la Universidad Autónoma de México expuso sobre la “gran tarea pendiente del Estado Mexicano” para reconocer la capacidad jurídica de las PCD en el marco de la Convención.
Por su parte, Rosa María Rosasco habló sobre la implementación desde el notariado, de los apoyos y salvaguardas que contempla la reforma peruana, en tanto que Pamela Smith Castro, directora de Sodis, presentó el informe “Evaluación de la implementación de la reforma de la capacidad jurídica”, trabajo conjunto del Poder Judicial y esa institución a su cargo.
SEGUNDO DÍA
En la segunda jornada, la investigadora argentina Agustina Palacios expuso sobre la perspectiva de la discapacidad y el enfoque de derechos humanos, mientras que Jorge López-Veiga Brea, investigador del Observatorio de la Universidad de la Coruña, trató la inserción laboral de las PCD en España.
Luego, la especialista argentina Valeria Monópoli disertó sobre los estándares del Derecho Internacional con relación a la inclusión laboral de las PCD, en tanto que el experto Dean Lermer hizo lo propio sobre derecho al trabajo, ajustes razonables y uso de nuevas tecnologías para un mundo más equitativo.
En otro momento, el experto peruano Luis Vásquez participó con la ponencia: “¿Es la cuota de empleo un mecanismo eficaz para la inserción laboral de las personas con discapacidad?”.
También hubo un taller de especialistas entre las peruanas Elizabeth Caballero, coordinadora de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH; Elizabeth Campos Sánchez, directora de CODIP-Perú, y Graciela Oroche Merma, máster en discapacidad de la Universidad de Bristol del Reino Unido.
El IV Congreso contó también con la participación de la jueza Maruja Hermoza Castro y el magistrado supremo Carlos Calderón Puertas, quien clausuró este foro académico.
