OCMA suspende de sus funciones a Colegiado de Ica
La Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem De La Rosa Bedriñana, dictó una medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo por seis meses en contra de los magistrados Ronald Nilton Anayhuaman Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana, por sus actuaciones como jueces especializados integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur – de la Corte Superior de Justicia de Ica; quienes absolvieron a un presunto violador sexual. La medida cautelar ha sido dictada por la máxima autoridad contralora en virtud al informe de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA, que instauró procedimiento administrativo disciplinario a los citados Jueces, por emitir una sentencia absolutoria contra un procesado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una mujer.
El documento precisa que, los Jueces habrían utilizado afirmaciones que ofenderían la dignidad de la persona humana de las presuntas víctimas de agresión sexual por su carácter subjetivo y arbitrario, bajo una presunta visión estereotipada que revictimizaría a la agraviada por el propio Estado, a través de un Juez como operador de justicia.
Ello pondría en evidencia que los citados Jueces han violentado la perspectiva y el enfoque de género, toda vez que resultaría inconcebible en Jueces que a una mujer que recurre en búsqueda de Tutela Judicial por una presunta violación sexual o tentativa de esta, se le prejuzgue que por el tipo de atuendo haya tenido un consentimiento tácito. Asimismo, en la reciente Visita Extraordinaria realizada por la OCMA se habría encontrado en el equipo de cómputo asignado a dos de los integrantes del Colegiado, documentos ajenos a sus labores, los que evidenciarían presunto uso de bienes del Estado para fines distintos a su función de Juez, así como actos de patrocinio indebido.
En ese sentido, el texto indica que dicha aseveración resultaría violatoria de la ley, así como de los Derechos Fundamentales y Humanos reconocidos en la Constitución y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos que se integran a nuestro ordenamiento jurídico con rango Constitucional, además habrían incurrido en conductas prohibidas para todos los Jueces. Las investigaciones continúan desarrollándose con apego a ley, y en estricto respecto al derecho de defensa de los investigados, a fin de emitir la resolución final dentro de los plazos establecidos.
