Parlamentaria andina Lazo Villón promueve el «derecho al olvido» virtual
Lima.- El Parlamento Andino promueve y respalda como política el respeto y promoción de los derechos de la mujer, a través de la Comisión Especial de la Mujer y la Equidad de Género y la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana, que preside nuestra representante Leslye Lazo.
Fue precisamente en estas dos instancias en las que Lazo Villón puso a consideración el caso de una ciudadana peruana que fue víctima de su excónyuge, cuyo encuentro íntimo y posterior asesinato fueron captados por un video de seguridad, y luego ese material fílmico circuló por las redes sociales, sin que sus deudos logren impedir esa difusión.
Lazo Villón sostuvo que, por este y muchos casos similares que dañan doblemente a las víctimas y sus deudos, presentará su iniciativa llamada ‘Derecho de olvido virtual’ que consiste en una norma comunitaria para uniformizar la legislación en los países andinos donde se presentan altas cifras de feminicidio.
A iniciativa de Leslye Lazo, el Parlamento Andino se pronunció sobre el execrable crimen de Fiorella Díaz Díaz, llamando a la reflexión respecto a la necesidad de contar con una regulación comunitaria que permita a los países miembros, perseguir y castigar a las personas que propaguen y lucren con esta clase de contenidos y también analice la importancia de aplicar en nuestra realidad una normativa que aplique el derecho al olvido o derecho de supresión en las redes en casos similares.
Según la propuesta que trabaja Lazo Villón, el Derecho al Olvido o Derecho a la Supresión es la potestad que deben tener los ciudadanos de solicitar que sus datos personales sean suprimidos cuando no sean necesarios para la finalidad con la que se recogieron o cuando se haya retirado el consentimiento para el mismo, o cuando estos se hayan recogido de manera ilícita, pudiendo solicitar el bloqueo de los vínculos que conducen a la información de los buscadores.
Para la Corte Europea de Justicia, Google permite que los datos personales publicados por terceras personas, sean borrados de los índices de los buscadores en los casos en que dicha información, sea perjudicial para la persona, ya sea que esta haya sido recogida de manera lícita o ilícita, tal como ha sucedido en el caso de la víctima peruana, Fiorela Díaz Díaz.
