Pleno aprobó proyecto de ley para garantizar la atención del nacido prematuro
El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad (112 votos a favor), el dictamen que garantiza la atención de la salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro, tanto en el subsistema público, como en el privado, a fin de disminuir la mortalidad y morbilidad infantil.
Según el dictamen recaído en los proyectos de ley 3411/2022-CR Y 3727/2022-CR, se entiende por recién nacido prematuro al bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación y de lo que se trata es de mejorar la eficiencia y la calidad en la atención del recién nacido prematuro.
La congresista Edhit Julón Irigoín (APP), presidenta de la Comisión de Salud y Población, al sustentar el proyecto de ley, indicó que el nacimiento de bebés prematuros es cada vez más frecuente y se estima que uno de cada diez neonatos nace prematuro.
“Las consecuencias de la prematuridad son complejas y de difícil tratamiento, como producto de la inmadurez de los órganos y funciones del recién nacido”, sostuvo la legisladora, tras indicar que la prematuridad trae consigo mortalidad y morbilidad con la consiguiente necesidad de atención y los costos asociados a ella, por lo que se concibe “como de alta prioridad para la salud pública en algunos países”.
Julón Irigoín manifestó que la comisión ha considerado, en concordancia con lo expresado por el Ministerio de Salud, que la prevención y el tratamiento de la prematuridad debe ser una política pública nacional, que debe involucrar a diversos actores.
Añadió que el dictamen plantea mejorar la atención al recién nacido prematuro, el derecho de la gestante a recibir el cuidado oportuno e implementar la intervención para evitar los riesgos en la salud del binomio madre-niño.
Asimismo, establece que el nacido prematuro hospitalizado tiene derecho a recibir atención hospitalaria prioritaria y adecuada a sus necesidades, entre otras.
El proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedito para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
