Poder Ejecutivo debe defender a afiliados a las AFP

• Si el Congreso aprueba retiro del 100% de fondos, es pertinente que observe la norma con los mismos argumentos de inconstitucionalidad que usó para el caso de la ONP.

Lima, septiembre de 2020. La Comisión de Economía del Congreso continúa con el debate de los proyectos de ley que proponen la liberación de fondos de las AFP, para los afiliados que no registren aportes por 6, 12 o 36 meses consecutivos.

Dichos proyectos proponen garantizar liquidez a los afiliados para afrontar los efectos generados por la crisis económica debido a la pandemia, idea que también ha utilizado el Congreso para aprobar el retiro de una UIT para los aportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que ha sido observada por el Poder Ejecutivo, en defensa de los afiliados, al ser inconstitucional.

Sobre el particular, César Abanto, abogado especialista en seguridad social, indicó que todas estas propuestas son tan inconstitucionales como la “devolución de aportes” de la ONP.

El especialista resaltó que de acuerdo a la Constitución “el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social”. Es decir, al aprobar estas medidas, se perdería la posibilidad de cumplir con este derecho, no solo para la jubilación, sino también en el caso de pensión por invalidez o de sobrevivencia.

En la misma línea, hay una afectación indirecta al artículo 12 de la Constitución, que señala que “los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”.

Las disposiciones planteadas por el Congreso son inviables, ya que permitirían la liberación  total de fondos previsionales para fines distintos a los pensionarios, poniendo en riesgo el futuro de los asegurados que se acojan a ellas.

“El Estado ha establecido otras medidas que salvaguardan la subsistencia de las personas durante la crisis, entre ellas la emisión de diversos bonos para apoyar a la población que realmente lo necesita o incluso la nueva propuesta del Gobierno para facilitar el pago a las entidades financieras”, explicó.

Finalmente, el experto sostuvo que antes de aprobar cualquier disposición, el Congreso debe revisar que no vulnere la Constitución y, además, analizar si existe la viabilidad financiera para llevarla a cabo sin afectar el sistema de pensiones en general y,

especialmente, a los propios afiliados.